Concluido el debate en torno al fallido proyecto de Constitución, ampliamente rechazado por la población el pasado domingo, todo indica que la atención del debate público girará sustantivamente hacia los temas económicos, dado el preocupante escenario que empieza a configurarse. La conjunción de las inquietantes cifras contenidas en el último Informe de Política Monetaria del Banco Central y el más reciente dato de alta inflación vuelven a poner en el primer plano el temido concepto de “estanflación”.

En efecto, las estimaciones de crecimiento a diciembre —en el rango de 1,75% y 2,25%, de acuerdo con el Central— implicarían una caída del producto durante los últimos seis meses del presente año y gran parte del próximo, concluyendo con una caída del PIB estimada entre -1,5% y -0,5% para 2023. La inflación, por su parte, superó las expectativas en agosto, alcanzando un 14,1% en doce meses. Tal tendencia explica el aumento en las proyecciones a diciembre, que ahora se estiman en un 12% (eran 9,9% en junio). La cifra es comparable a lo observado en 1992; en junio de ese año, la inflación alcanzó un 15,08% y no pasó la barrera del 5% anual antes de septiembre de 1998. Esto pone en contexto la optimista expectativa de la autoridad monetaria de llevar la variación del IPC a diciembre del 2023 a 3,3%.

La evolución del mercado laboral también genera preocupación. Mientras la creación de puestos de trabajo se ha ralentizado, los salarios reales han sufrido la mayor caída en dos décadas. Una baja en el empleo terminaría de configurar el escenario de estanflación que el Gobierno ha intentado descartar.

Desde el punto de vista de las personas, la compleja realidad económica se ha manifestado en una importante baja del consumo privado. En el último trimestre, este se contrajo un 2,4% respecto del trimestre anterior. Tal caída fue más acentuada en el consumo de bienes durables, proceso que debería continuar con el aumento en los intereses, la contracción de la actividad y un mercado laboral que debe buscar ajustes dada la rígida legislación actual.

También desde un punto de vista social, el impacto de este escenario sobre la pobreza es una de las dimensiones que deben ser consideradas por la autoridad. En particular, el importante aumento en el costo de alimentos y bebidas no alcohólicas (21,7% en doce meses), junto con transporte (27,8%), deberían elevar en forma significativa las líneas de pobreza e indigencia, lo que, dada la caída en los salarios reales y la menor creación de empleo, impulsaría mecánicamente al alza la pobreza. Por su parte, el impacto sobre la distribución de ingresos debería implicar un aumento en la desigualdad. Un gobierno comprometido con la reducción del gasto, pilar estructural de los esfuerzos para contener la inflación, no tendrá otra opción que focalizar sus acciones de apoyo en los más vulnerables.

Chile sufre graves dificultades y enfrenta importantes desafíos en el ámbito económico. La administración del Presidente Boric deberá comenzar un rápido proceso de ajuste, más allá del resultado del domingo pasado. Una profunda revisión de la agenda económica, evidentemente postergada durante el período de campaña anterior al plebiscito, debe ser parte del cambio en el relato de esta administración. Si bien Apruebo Dignidad, la coalición que hasta ahora había sido el eje político de esta administración, no ha mostrado en su trayectoria especial preocupación por temas como el crecimiento, la estabilidad fiscal o los equilibrios macro, el equipo económico ha de tener la visión y la flexibilidad necesarias para evitar los profundos efectos sociales y políticos que podría desencadenar un prolongado escenario de recesión o estanflación. Desde esa perspectiva, una prioridad del nuevo equipo político debiera ser la de apoyar y viabilizar la implementación de una agenda realista y pragmática.