Uno de los elementos importantes en el rechazo que generó en la población la propuesta constitucional votada el domingo parece haber sido la idea de Chile como un Estado plurinacional y todos los cambios institucionales que ello traía aparejados. La posibilidad de que los pueblos originarios pudiesen autodenominarse naciones e iniciar procesos de autonomía y autodeterminación fue algo que la ciudadanía no tenía como objetivo. Esta oposición era algo que aparecía en diversos estudios en los últimos años y, a pesar de los argumentos que se ofrecieron para defender esta posibilidad, no se modificó en el último tiempo. Según esos estudios, solo en torno a un 20 por ciento de la población estaba dispuesta a defender el Estado plurinacional. Esa proporción se mantenía incluso entre quienes se autoidentificaban como pertenecientes a un pueblo originario. En definitiva, se percibió que ese camino buscaba generar cambios radicales por medio de la definición de autonomías territoriales, un desplazamiento en el control de recursos clave para el desarrollo del país y la entrega de poderes de veto por la fórmula de consentimientos obligatorios de que otros grupos de la sociedad no gozan.

Sin embargo, si bien la población no quiere la plurinacionalidad, sí aspira a consagrar un reconocimiento de los pueblos originarios y a que el Estado realice esfuerzos que permitan preservar su cultura. Los acuerdos constitucionales que se alcancen deberían incluir un compromiso en esta dirección. Es razonable reconocer la diversidad cultural que los pueblos originarios aportan al país y que se expresa en su lengua, su historia y costumbres, entre otros aspectos. Se entiende que este reconocimiento es parte del ejercicio de los derechos individuales de las personas que se sienten identificadas con ellos. Por supuesto, las culturas son porosas y esto no puede significar un sacrificio de las autonomías individuales. Tampoco debe traducirse en poderes de veto en asuntos que son relevantes para toda la población que ocupa un territorio. La igualdad ante la ley de cada una de las personas que compone una comunidad es fundamental.

El reconocimiento, para ser efectivo, debe tener espacio en la Constitución y, por ende, definir idealmente ciertos derechos colectivos. Su extensión es siempre discutible y puede ser una fuente de tensión, pero sin ellos es muy difícil que los pueblos originarios puedan preservar sus especificidades culturales. Hay un número relevante de esos derechos que parecen generar amplios acuerdos. Entre estos, se cuentan los contemplados en el Convenio 169, las áreas de desarrollo indígena y la protección de tierras que actualmente les pertenecen, mecanismos de reclamación de tierras bajo criterios precisos y objetivos, y la posibilidad de incidir en la educación de sus miembros, entre otros. Esta aproximación no es incompatible con el hecho de que el sujeto de protección jurídica es la persona, sobre todo porque el reconocimiento así expresado protege un espacio que da sentido y significación a los integrantes de los pueblos originarios y aumenta su libertad. También la existencia de escaños reservados en el Poder Legislativo, en la medida en que haya una proporción entre estos y el número de votantes que los elijan, de modo de evitar una distorsión del principio de igualdad del voto como la que se dio en la conformación de la Convención Constitucional. Impropia en cambio resulta la idea —incluida en la propuesta constitucional— de imponer esa fórmula en todos los órganos y estructuras del Estado. Elocuente es lo ocurrido en el reciente cambio de gabinete, que significó una profunda reestructuración del equipo ministerial, en la que sin embargo la consideración hacia los pueblos originarios no estuvo presente, pese a haber sido el Gobierno y la coalición oficialista fuertes defensores del texto finalmente rechazado por la ciudadanía.

Hay, por cierto, grupos radicales que quieren ir mucho más allá e insistirán en la idea de plurinacionalidad como un camino para asegurar una autonomía territorial y política absoluta. Sin embargo, están lejos de representar los anhelos de los pueblos originarios y, desde luego, de los demás habitantes del territorio nacional.