El contundente resultado del plebiscito del domingo pasado es una muestra irrefutable del hastío de la ciudadanía respecto de las posturas maximalistas y alejadas del sentido común que imperaron en la Convención.

Si se deseaba una nueva forma de hacer política, pocas veces se ha estado tan lejos de cumplir las expectativas. Desde luego, sería un error no intentar sacar las lecciones del caso: cualquier nuevo itinerario constituyente debe basarse en un aprendizaje de los errores cometidos. Nada de esto, sin embargo, debería llevarnos a dejar inconcluso el cambio constitucional. Tal como lo han señalado las fuerzas políticas de centroizquierda y centroderecha que estuvieron por el Rechazo, el proceso debe continuar hasta ofrecer al país, tan pronto como sea posible, una “buena y nueva Constitución”. Chile necesita cerrar este capítulo para avanzar en la solución de la crisis que explotó en octubre de 2019.

Para ello, no solo es clave cumplir los compromisos adoptados e insistir en la vigencia de la necesidad de cambio, sino también comprender que el debate no comienza ni termina con la propuesta de la Convención. En efecto, un análisis pausado de las distintas posiciones muestra que, a pesar del holgado triunfo del Rechazo, no es necesario ni conveniente volver la discusión a fojas cero. De hecho, durante los últimos años se han asentado en el país objetivos transversales en materia constitucional, tanto de corte procedimental como a nivel de contenidos.

En términos generales, el propósito de ofrecer a Chile un nuevo pacto constitucional atraviesa a gran parte del espectro, y la reciente aprobación de la reforma que baja los quorum de la actual Constitución a 4/7 así lo confirma. Ello augura la posibilidad de alcanzar un acuerdo político, análogo al del 15 de noviembre de 2019, para dar continuidad al proceso. La dirigencia política debe abocarse a esto con sentido de urgencia y mostrar un camino concreto a la ciudadanía.

Ahora bien, más importantes aún son los acuerdos sobre los contenidos que, en base a las necesidades y urgencias ciudadanas, han ido alcanzando transversalmente distintas tradiciones. Muchos socialdemócratas, liberales, socialcristianos y conservadores democráticos comparten hoy elementos o contenidos clave. Entre ellos, destacan la igual dignidad de todas las personas, lo que exige una auténtica equidad entre hombres y mujeres, en especial en el ámbito salarial, en materia de cuidados y en el acceso a cargos públicos; un Estado social de Derecho que, con un rol más robusto del aparato estatal, pero abierto a la participación de la sociedad civil organizada y a espacios de colaboración público-privada, garantice progresivamente prestaciones dignas en áreas como salud, pensiones, educación y vivienda.

Existe consenso también sobre la necesidad de reconocer a los pueblos originarios en el marco de la unidad del Estado chileno. A ello se agregan los esfuerzos para lograr una efectiva descentralización del poder; la necesidad de favorecer una mayor colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo a partir de un nuevo régimen presidencial que facilite la gobernabilidad, disminuya la fragmentación y fortalezca a los partidos como instituciones fundamentales para la democracia; y la búsqueda de soluciones ambiciosas para la protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Si a lo anterior añadimos el descarte de los aspectos más problemáticos de la propuesta de la Convención (como la plurinacionalidad, el tipo de autonomías regionales que se propusieron y el debilitamiento de las capacidades del Estado en materia de orden público), tenemos un norte claro hacia el cual encaminarnos. Frutos de años de debate y de aciertos y errores, hoy asoman acuerdos que permiten acotar la incertidumbre y redactar una Constitución de unidad. Todo esto también ayuda a acortar los tiempos de la discusión, considerando los aprendizajes e insumos disponibles como la propuesta de la expresidenta Michelle Bachelet, el texto de la Convención rechazado, las propuestas de otros convencionales y las iniciativas populares de norma. Así, es razonable pensar que la preparación de una nueva Constitución no debería tardar demasiado desde la definición del mecanismo que habrán de habilitar el Ejecutivo y el Legislativo en las próximas semanas.

El desafío es mayúsculo, por cierto. No obstante, considerando el largo debate constitucional que ha tenido Chile, el período que ahora iniciamos asoma como la última fase antes de ofrecer al país una Constitución que, tal como dijera el expresidente Lagos, finalmente logre unirnos como chilenos y nos permita debatir en el marco de la Carta Fundamental, y no sobre ella.

Claudio Alvarado
Josefina Araos
María José Naudon
Juan José Obach
Juan Luis Ossa
Magdalena Vergara