Señor Director:

Es evidente que no fue fácil para Michelle Bachelet, en su calidad de alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la entrega del largamente esperado informe sobre la minoría uigur en China. Se publicó el mismo día en que se despedía de su cargo en Ginebra.

Una posibilidad para la tardanza es, sin duda, el conocimiento personal de la expresidenta chilena con el actual mandatario chino, Xi Jinping. Y, sobre todo, la importancia económica que tienen para nuestro país las buenas relaciones con China. En noviembre de 2016, en Santiago, ambos jefes de Estado firmaron doce acuerdos, entre los que destaca un Memorándum de Entendimiento para iniciar negociaciones tendientes a actualizar y profundizar el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones

Michelle Bachelet planteó en esa oportunidad: “Con China tenemos una relación madura, estable, que crece y se fortalece día a día”.

Distinta, en cambio, es la situación de quien como funcionaria internacional tiene otras responsabilidades. En mayo de este año Xi Jinping advirtió en una conversación telemática durante la visita de la alta comisionada que ningún país puede, desde la “arrogancia”, enseñar a otros cómo defender los derechos humanos. “Venimos luchando por los intereses de nuestro pueblo desde hace más de cien años. Los derechos humanos de los chinos tienen garantías sin precedentes”.

No es lo que opinan Michelle Bachelet y su equipo.

El informe de 48 páginas, dijo The New York Times, “da un nuevo impulso a la causa de los activistas uigures y una oportunidad para que los defensores de los derechos presenten el tema ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a finales de este mes y aumenten la presión sobre las empresas para que tomen distancia de China”.

Abraham Santibáñez
Periodista