Las sociedades médicas, que agrupan a esos profesionales según la especialidad a la que se han dedicado y suelen reunir a los mayores expertos de cada área, han resuelto intervenir en el debate sobre la reforma al sistema de salud que impulsará próximamente el Gobierno. Diecisiete presidentes de esas sociedades han manifestado algún grado de inquietud por el enfoque que se ha advertido en dicha reforma. Los especialistas celebran los avances que ellos, mejor que nadie, han podido comprobar en los logros de la medicina chilena y a la vez reconocen la necesidad de hacer modificaciones y mejoramientos. Si bien no se pronuncian respecto del sistema actual ni tampoco sobre el fondo de la reforma, que todavía no está completamente delineada, advierten que esta se enfoca principalmente en el financiamiento y no asegura el acceso oportuno ni la calidad de la atención, aspectos fundamentales para ellos y para la comunidad.

La situación que experimentan los pacientes es mejor conocida por los médicos que por los políticos que tendrán a su cargo la discusión de los cambios que se van a proponer. Los aportes que puedan hacer los profesionales, sin duda que enriquecerían el debate. Pero nada garantiza que ellos vayan a ser escuchados, según lo revela la experiencia de otras reformas, como la educacional, donde también el foco estuvo en el financiamiento y no se escuchó a quienes tenían más experiencia en la gestión y en la acción de educar. Al final, esa reforma no tocó ni mejoró lo que ocurre en la sala de clases, donde se lleva adelante el proceso educativo. Los médicos parecen temer que en salud se siga un método similar, centrado en uno de los tres componentes que pueden distinguirse con facilidad en todo sistema de salud, sus reglas de financiamiento, pero advierten un riesgo de que no se consideren los otros, entre los cuales destaca la calidad de las prestaciones. Para ellos, habría que recapacitar también sobre la gestión de los hospitales, por ejemplo, o en las formas de integrar a prestadores privados con prestadores públicos.

La solución ideal, que permita al país quedar satisfecho con su sistema de salud, no va a llegar de la noche a la mañana. Existen muchas falencias en la gestión tanto del componente de seguros como de los prestadores. Con los problemas que experimenta el asegurador público, Fonasa, que debe lidiar con listas de espera engrosadas a límites inaceptables después de la pandemia, no será posible simplemente recargar sus tareas con cientos de miles de personas que, como mínimo, deberían pasar a sus filas si se llegan a concretar las ideas principales que ha adelantado el Gobierno. Pero, además, debe considerarse que las prestaciones que se dan en los hospitales tampoco están funcionando a niveles compatibles con el gasto que se realiza en ellos. Los estudios de productividad han demostrado que el horario de uso de los pabellones quirúrgicos no satisface los mínimos criterios de buen empleo de ese crítico recurso, e incluso con el menor horario disponible, los atrasos del personal son mayores aquí que en otros países estudiados. Como es evidente, nada de esto guarda relación alguna con las reglas del financiamiento del sistema, pero crea dificultades graves para los pacientes, que debieran estar en el centro de las preocupaciones de cualquier método de atención.

La incorporación de los médicos a la discusión sería un hecho positivo, pues ellos, mejor que nadie, pueden aportar información real sobre el funcionamiento del sistema. Si se quiere hacer una reforma integral, será necesario escuchar a todos los interesados antes de resolver sobre las metas a las que se quiere llegar y, tanto o más importante tratándose de cambios en salud, sobre las etapas de transición. Nadie debería quedar perjudicado si las cosas se hacen bien. Pero para hacerlas bien sería conveniente que se escuchara a uno de los protagonistas capacitados del sistema: los médicos.