Señor Director:

El texto constitucional que la Convención ha entregado al país, en materia de educación no suscita el necesario acuerdo. No es de los tópicos de mayor controversia, pero tampoco goza de transversalidad.

En pocas palabras, el texto se asegura —casi sin restricciones— de que el Estado dirija, defina, provea, regule y supervise toda forma de educación, pero sin abordar las necesidades de la educación pública y dejando unos rastrojos de libertad de enseñanza. La eliminación de la obligatoriedad del kínder y del deber y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos son omisiones sin justificación creíble.

Pero lo central ha sido el mezquino lugar de la provisión mixta y la educación privada. Esta se silencia y debilita, lo que es un grave retroceso. En una propuesta extensa y maximalista, las ausencias son notorias. La mención a este punto en el “acuerdo” de modificaciones del oficialismo confirma esta debilidad del texto. Los establecimientos particulares subvencionados concentran el 55% de la matrícula y son los más elegidos por las familias, pero no se les reconoce el rol que cumplen a lo largo del país. La falta de reconocimiento a la educación superior privada —83% de la matrícula— en docencia e investigación arriesga el debilitamiento del sistema en su conjunto.

La omisión del sector privado es un exceso incorregible del texto. Un sistema que genera alumnos de primera y de segunda categoría —según elijan lo estatal o lo privado— no es una contribución. En lugar de ser un puente entre lo que hay y lo que debiera ser, el texto es la ensoñación de pocos, en la que la mayoría no está.

Daniel Rodríguez M.
Director ejecutivo Acción Educar