El próximo 4 de septiembre Chile vivirá una jornada histórica. En un plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse si aprueba o rechaza la propuesta de Constitución elaborada como resultado del proceso constituyente.

Es evidente que la propuesta es mediocre. Habla de familias y no de familia, dice proteger la vida, pero consagra el aborto libre; desprotege el derecho de propiedad, instituye sistemas de justicia paralelos, establece un Consejo de la Justicia omnipotente, debilita la Corte Constitucional, establece la plurinacionalidad, con regiones y comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas. Los partidos que impulsan el Apruebo se comprometieron a corregir defectos notorios, de modo que a confesión de parte, relevo de prueba.

Podríamos seguir enumerando falencias y contradicciones. Pero hay algo más de fondo: esta no es una propuesta de Constitución. La sola extensión da cuenta de que la chilena será una de las constituciones más largas del mundo. Son 388 artículos y 54 disposiciones transitorias. Los derechos fundamentales y sociales ocupan más de cien normas; se incluye el derecho al trabajo decente, a la vivienda, a la ciudad, a la seguridad alimentaria, al uso de semillas tradicionales, al agua, a un mínimo de energía, al deporte, al libre desarrollo de la personalidad, a la muerte digna, al aire limpio, al asilo, al acceso a la conectividad digital, al espacio digital libre de violencia. Se llega al absurdo de consagrar el derecho al ocio. La propuesta agrega los derechos de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, los principios del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario, y los declara integrantes de la Constitución, y nótese que se trata de principios y costumbres futuras e inciertas.

El papel, como se dice, aguanta todo; el problema es cómo se financiarán estos derechos, si el mismo texto no facilita, sino más bien entorpece, el crecimiento económico, como lo prueban las exigencias del capítulo sobre naturaleza y medio ambiente.

El texto contiene preceptos que son propios de una ley o más aún de un reglamento. Se señala así que el Estado debe impulsar medidas para conservar el cielo nocturno, el reconocimiento de la ruralidad, la promoción de una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen con igualdad sustantiva; que son fines de la educación la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, pensamiento crítico, capacidad creadora y desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. No nos caben en esta columna los múltiples órganos públicos que se crean y la inmensa floritura de adjetivos en cada norma. Hasta los cuerpos de bomberos tienen un artículo.

La propuesta está lejos de tener un lenguaje claro. Primero, por la obsesión de no usar el género marcado: se habla de la presidenta y el presidente, diputadas y diputados, juezas y jueces, niñas, niños y adolescentes, lo que resulta agotador. Tiene expresiones difíciles de comprender, como diversidades y disidencias de género, neurodivergencia, pueblo tribal afrodescendiente, maritorio, sistema de gobernanza de aguas, consultas incidentes e infinidad de locuciones del mismo estilo.

La sala de máquinas de toda Constitución, cómo se organiza el poder y se establecen contrapesos, tiene un diseño deficiente. Un poderoso Congreso de Diputadas y Diputados, una Cámara de las Regiones de rol disminuido y un Presidente con atribuciones débiles, al perder la iniciativa exclusiva de leyes que impliquen gasto y la dificultad para vetar proyectos de ley. El derecho a voto es distorsionado por la paridad y los escaños reservados. Los mecanismos de democracia directa son mera retórica.

No estamos ante una Constitución. Se trata de una ley o reglamento con normas de detalle y maximalistas, que limitarán indebidamente la soberanía y la democracia chilenas.