El Gobierno, dentro de su programa, ha planteado el desarrollo de un Nuevo Sistema de Medios Públicos, con el fin de constituir “un espacio para el desarrollo de la ciudadanía y sus expresiones de diversidad, que fomente la paridad de género, la interculturalidad y la circulación de conocimientos local, regional y nacional”. A su vez, el Presidente de la República, en su primera cuenta, anunció la firma de un convenio entre el Estado y tres universidades estatales, cuya finalidad sería estudiar las propuestas en torno a la comunicación social y los medios para avanzar en la creación de un “ecosistema medial” de acuerdo con ello. La Secretaría General de Gobierno, encabezada por la exdiputada comunista Camila Vallejo, ha continuado avanzando mediante la conformación de una mesa de trabajo que, bajo su dirección y en dependencias gubernamentales, se reúne periódicamente.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) fue invitada a tomar parte en las reflexiones y debates que debieran llevar a un diagnóstico de la comunicación social en Chile, pero con 70 años de experiencia nacional y estrechos contactos internacionales, ha desarrollado una capacidad para detectar riesgos y se ha negado a tomar parte. Lo hace con muy buenos motivos. El que los medios sean convocados por el Gobierno para participar en jornadas de reflexión no es algo usual en las democracias y parece más propio de regímenes donde es el Estado el que fija las condiciones para la práctica del periodismo y limita la libertad de expresión. Elocuente es la experiencia de otros países de la región, donde, en nombre de objetivos similares a los enunciados en esta iniciativa, se terminaron dictando legislaciones nefastas. Ser dirigidos en estas reuniones por funcionarios estatales despierta aprensiones fundadas en largas experiencias. Y que el Gobierno financie la actividad tampoco es auspicioso para inspirar el clima de abierta libertad en que se desarrollen estas discusiones. No puede olvidarse que es función del periodismo, en palabras del propio Presidente Boric, “incomodar al poder… pues, la democracia se fortalece con pluralidad de medios, con medios que incomoden al poder”. No parece ser algo sano esta estrecha deliberación en conjunto entre medios y autoridades, con universidades seleccionadas por razones que no han sido bien fundamentadas.

Las preocupaciones reales de la prensa distan de estos objetivos del Gobierno. Como lo ha señalado la ANP, los periodistas y los medios han sido víctimas de la violencia política, en especial en octubre de 2019, llegándose en varios casos a destruir sus instalaciones. Por cierto, la violencia en la macrozona sur ha afectado gravemente la actividad informativa. Igualmente, la Ley de Transparencia requiere una actualización según los criterios expertos del Consejo para la Transparencia.

La libertad de expresión en Chile ha sido reconocida por diversos observadores imparciales que la sitúan entre las más altas de América. Pero todavía hay muchos aspectos en los que se podría seguir profundizando si los poderes públicos les prestaran atención. Lamentablemente, la iniciativa del Gobierno no está enfocada en superar esta clase de limitaciones que constituyen las principales debilidades de nuestros sistemas informativos y que han sido bien detectadas por la ANP.