Llegaremos al 4-S en condiciones inesperadas. Durante más de un año, se supuso que el Apruebo (A) se impondría fácilmente. Sin embargo, coetáneamente, hubo un silencioso cambio de marea en la opinión pública.

En efecto, la Convención Constitucional (CC) concluyó con un balance negativo. Se creyó inicialmente que el texto producido, generoso en derechos sociales y validación de identidades, compensaría ese déficit. No ocurrió. Al contrario, su apariencia refundacional creó confusión y alimentó una onda ascendente de Rechazo (R).

Ante esto, los partidarios del A cambiaron su estrategia. En vez de proclamar las bondades del texto, pasaron a desacreditar el R. Pero tampoco este giro dio frutos. El Presidente de la República asumió entonces personalmente el manejo de la campaña del A. Y comprometió a los partidos oficialistas a declarar que, de ganar el A, ellos mismos corregirían el texto en los aspectos criticados por el R. Sin embargo, tal concesión llegó tarde y fue insuficiente.

El Presidente debió dar el paso siguiente: reconocer un posible triunfo del R; “si gana la opción del Rechazo”, dijo, “me la voy a jugar 100% también”. A esta altura no tenía otra salida. Se había roto el tabú: R podía triunfar.

Entre tanto el clima de opinión se ha nublado. No hay el entusiasmo que suelen despertar las encrucijadas electorales. La psicología de masas parece haberse retraído hacia el interior de los hogares y sus demandas más esenciales: el ingreso familiar amenazado por la inflación y la seguridad afectada por los delitos en la calle. En suma, nada favorece un experimento refundacional. Al contrario, las circunstancias se han vuelto conservadoras.

Por su lado, cualquiera sea el resultado del 4-S, impondrá una carga adicional para la gobernabilidad del país, justo ahora cuando el Presidente camina por una delgada línea entre sus dos coaliciones; ha gastado su capital político en apuestas a ratos contradictorias y su equipo exhibe falencias que ya no pueden superarse con meras excusas. Para liderar el proceso posplebiscitario, el Gobierno necesitará modificar su plantel, una mayor pericia política y ajustar su programa a circunstancias desfavorables para un cambio radical de la sociedad. Además, deberá prepararse para cogobernar con el Congreso y así poder llevar adelante un proceso constitucional más acompasado.

El riesgo más grave que enfrentamos es que la política —Presidente, sus coaliciones de gobierno, el Congreso, los partidos y demás actores de la esfera pública— no esté a la altura de los complejos desafíos que tenemos por delante. Habrá pues que renovar el espíritu del 15-N, reforzar el cauce institucional para expresar los conflictos que laten en la sociedad y así evitar que sigan escalando y paralicen por un largo tiempo el desarrollo del país.