Señor Director:

La valoración de la política de gratuidad por un amplio espectro de universidades ha sido destacada en el día de ayer, en este medio, si bien persiste el debate sobre los ajustes requeridos. Esta política, implementada a partir de la Ley 21.091, permite que estudiantes de todas las universidades estatales (18) y de 18 universidades privadas tengan acceso a este beneficio.

Actualmente, más de 450 mil jóvenes de los primeros seis deciles de menores ingresos tienen acceso a la educación superior, a través de la gratuidad.

A diferencia de los aportes que van dirigidos a las instituciones, como son aquellos basales que tienen su propia justificación y diferencias entre tipos de universidades, los beneficios que van dirigidos a los estudiantes no discriminan entre tipos de instituciones, si es que cumplen con las exigencias establecidas por ley.

En marzo pasado, nuestra universidad solicitó el acceso a la gratuidad y, como se difundió en un reciente comunicado interno, la respuesta inicial de la Subsecretaría de Educación Superior fue no acoger la solicitud. En los plazos establecidos, UDLA presentó una apelación, profundizando en los fundamentos que indican el cumplimiento por parte de la universidad de todos los requisitos establecidos. El acceso a la gratuidad permitiría que nueve mil jóvenes de nuestra institución estudien con este beneficio, porque son parte de los primeros seis deciles de ingreso de los hogares chilenos.

Esperamos que la autoridad educacional del Gobierno ratifique la igualdad de trato a todos los estudiantes universitarios para la obtención de la gratuidad, independientemente de dónde decidan realizar sus estudios superiores.

Pilar Romaguera G.
Rectora Universidad de Las Américas