El fútbol chileno, después de un intenso lobby, recuperó sus aforos que estaban limitados por efectos de la pandemia. De aquí en más, las únicas limitantes serán las que provengan de los tribunales del fútbol por incidentes violentos, o aquellas que determinen las autoridades policiales o políticas por motivos de seguridad.
Colo Colo, que reclamó que lo están “acogotando” con leyes y restricciones, fue sancionado hace un par de días por desmanes de sus barristas y jugará sus próximos dos partidos sin público como visitante. Alfredo Stohwing, quien encabezó la cruzada para el retorno de los aficionados, no puede asegurar, sin embargo, que se produzcan “reventones” en su estadio ya que “eso pasa afuera del Monumental y tenemos muy poco que ver porque no tenemos autoridad en la parte externa”. O sea, en el estadio de Colo Colo, en partidos organizados por Colo Colo y por violencia proveniente de la barra de Colo Colo, la institución no tiene nada que ver. Es muy difícil de entender.
Despidiendo al viejo San Carlos de Apoquindo, y tras el llamado efusivo de los dirigentes cruzados para hacer del evento una fiesta, el partido no pudo terminar por invasión violenta a la cancha. Cruzados condenó, de nuevo, a los “antisociales que se denominan hinchas” y anunció que solo hubo un detenido. Si hay sanciones —en nuestro fútbol esa opción siempre es en condicional— se aplicarán para otros recintos, hasta donde los hinchas, incluido el que saltó con una tobillera electrónica a la cancha, deberán desplazarse.
Es verdad que el único país sudamericano donde se aplicaban restricciones de aforo por pandemia era en Chile. Y que los clubes grandes del continente (Flamengo, Palmeiras, River) llenan sus estadios cada semana generando un ingreso que hace aun más grande la brecha económica con nuestros clubes. Y también es verdad que el Covid parecía un eufemismo para limitar las asistencias a los estadios que sufren más con otro virus: el de la violencia descontrolada.
Tiene razón Stohwing. Están acogotados, pero no por las autoridades sino por sus propios barristas, que siguen gozando de privilegios especiales de las instituciones (venta prioritaria y selectiva de entradas, financiamiento de viajes, mantenimiento de los liderazgos) y de los jugadores (saludos preferenciales, diálogo permanente). Como ejemplo, esta semana el plantel y el técnico de la Universidad de Chile decidieron darle explicaciones a un grupo violento que llegó hasta el CDA para “parlamentar”, sin que se sepa que lo mismo se haya aplicado para los abonados que se han quedado sin su beneficio por los desmanes de la barra.
Fue una semana extraña. Nos enteramos además que el lobby no sólo va de los clubes a las autoridades, sino que dentro de la ANFP hay clubes que pueden “parlamentar” con los encargados de la programación y de los arbitrajes. Y que el negociador de la U en esas instancias es Mauricio Etcheverry, la mano derecha de Sergio Jadue, ahora “asesor” de Mike Clarck. No se sabe, obviamente, que fue a solicitar, aunque el liderazgo y la probidad de Patricio Basualto, el interino de los jueces, hayan quedado obviamente menoscabados.
Capaz que el reclamo de Etcheverry ante la comisión haya sido “nos están robando”. Pero, claro, eso tampoco lo sé. Aunque la sola idea me arranque una sonrisa.