El borrador de la nueva Constitución dice que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional, ecológico”. Esto de la plurinacionalidad causa suspicacias porque no hay una definición precisa y única del concepto, ni en el texto ni en la literatura constitucional, por lo que se presta para interpretaciones diversas.

El profesor ecuatoriano Daqui Lema, analizando lo que pasa en su país, ha escrito que “los Estados plurinacionales son procesos que están todavía definiendo equilibrios de poder, nuevas relaciones de carácter económico, social, elaborando epistemologías simbióticas del saber ancestral y del conocimiento occidental”. Es decir, para Lema, no hay una fórmula concreta de lo plurinacional, hay que elaborarla, y esa “cocina” la están haciendo los propios pueblos originarios, que en Ecuador son 14.

Algo parecido puede ocurrir acá con el delicado tema de la justicia indígena, en que, al no tener códigos, se busca afanosamente recuperar, rescatar “saberes ancestrales” usados en la antigüedad, para luego codificarlos. O, quizás, esto simplemente quedará a criterio del juez indígena que, en Bolivia, por ejemplo, puede ser un líder de la comunidad o una autoridad política local que aplica su “sabiduría” para emitir un fallo judicial.

La puesta en práctica de lo plurinacional se confunde a veces con una acción político-social que está más cerca de los sindicalismos tradicionales o ideológicos que de las luchas por derechos para las comunidades originarias. Por ejemplo, las constantes protestas que ocurren en Ecuador, donde la Conaie, la confederación que une a colectivos indígenas, ha tomado la vocería de ellos y presiona desde la calle para cambios que tienen poco de reivindicaciones de derechos o necesidades de reconocimiento a sus formas de vida.

Eso se vio en recientes manifestaciones contra el alza del precio de los combustibles, la flexibilidad laboral y la inseguridad ciudadana, las que tenían como objetivo declarado por algunos de los dirigentes “tumbar a (el Presidente Guillermo) Lasso” y “frenar las políticas neoliberales, como privatización de empresas del Estado”. Entre medio se pedía, eso sí, respeto a los derechos colectivos de los pueblos y naciones indígenas.

Algo parecido también se vive en Bolivia, el otro Estado plurinacional, donde representantes de los 12 pueblos reconocidos por la Constitución se movilizan habitualmente por diversos petitorios. Hace unos días, los “Ponchos rojos”, colectivo indígena de la provincia de Omasuyos, se declaró en alerta contra el gobierno de Luis Arce y amenazó con quitarle el respaldo si este “no nos da proyectos de inversión grandes, millonarios”.

La lucha por instalar la plurinacionalidad puede tener muchas aristas, no solo étnicas, sino políticas y económicas. Citando a Lema, “desde los territorios se construyen nuevas identidades nacionales que se proyectan hacia la universalidad de la interculturalidad y los derechos humanos”. Como se ve, en estas cuestiones está todo por hacer.