Llevamos años conviviendo en un ambiente insoportable, sobrepolitizado y al extremo polarizado. El conflicto se ha instalado prácticamente como una condición de la existencia ¿Deseamos permanecer así? Pienso que la gran mayoría de los ciudadanos contestaría que no. Entre los severos problemas económicos y de seguridad pública, seguir condimentando la división y el mal trato entre nosotros nos conducirá a un destino desgraciado.

Pero no todos están por resolver nuestras diferencias en paz. Hay quienes validaron la violencia como método de acción política y hoy buscan institucionalizar el conflicto entre nosotros a través de la propuesta constitucional. Lo hacen bajo un proyecto de democracia radical y aparente, pero la tildan, propagandísticamente, de sustantiva, inclusiva y participativa. Y es que las nuevas lógicas de acción política que se instalan desde la extrema izquierda suponen y requieren del conflicto social permanente.

En momentos en que se vive una crisis de representación y en que los partidos políticos están desprestigiados, surge la oportunidad perfecta para que la izquierda radical chilena instrumentalice a los movimientos sociales y las causas identitarias, como una nueva forma de agitar las aguas, haciendo imposible la deliberación y los acuerdos. Como el relato adversarial entre dueños del capital y obreros se ve superado en la actualidad en tanto instrumento, la extrema izquierda chilena recurre a esta nueva forma de acción política, de corte corporativista, para transformar el orden social. Para la izquierda radical, de la que afortunadamente ha comenzado a separarse parte de la centroizquierda, es indispensable la constitución de identidades colectivas que construyan hegemonía a partir de la disputa en los múltiples centros del poder. Para esta izquierda schmittiana, el criterio autónomo de lo político reside en la distinción entre amigo y enemigo. Basta con la posibilidad real de agruparse como amigos y enemigos para crear una unidad que tiene un carácter decisivo. Lo político es así una forma de enfrentamiento, en que los adversarios no son sujetos individuales, sino que la unidad de análisis de la relación política es el grupo, de modo que en la relación amigo-enemigo se oponen dos colectividades, distinguibles públicamente. Las relaciones políticas, de este modo concebidas, se caracterizan por la presencia del antagonismo (Arditi, 1995); el conflicto está en la base de lo político. El caso contrario, el de un mundo en paz sin posibilidad de lucha entre amigos y enemigos, carecería de política.

A través de estos colectivos, la izquierda extrema encuentra plataformas para agitar su ideario político radical, para luego beneficiarlos y perpetuar el círculo. Las identidades colectivas, antagónicas de ese algo exterior que les niega identidad (al mismo tiempo que es condición de su existencia), permiten erigir fronteras incompatibles e indispensables para la constitución del sujeto político. Bajo la corriente schmittiana, que inspira a Atria y tantos otros, para construir una identidad colectiva, a través de una serie de equivalencias, es esencial la división del terreno en dos campos y la producción discursiva del enemigo.

Y el asunto es que la propuesta constitucional, identitaria, plurinacional y fraccionadora, es la consagración misma, y la perpetuación permanente, del antagonismo. En vez de avanzar hacia modelos orientados a configurar grandes mayorías, representativas del interés general de la sociedad, que faciliten los acuerdos en la arena política, tan demandados por la ciudadanía en salud, pensiones, educación y orden público, el sentido y fin del texto que votaremos en septiembre está en la fragmentación de la sociedad para mantenerla en clave de conflicto. Hija del octubrismo, más a la izquierda y radical que muchos que hoy se definen de izquierda en Chile, la propuesta constitucional es formalización del conflicto social permanente. Y, atención, ningún país alcanza niveles de desarrollo humano deseables y mayor calidad de vida con altos niveles de conflicto interno.

Paradojalmente, aprobar la propuesta de nueva Constitución es aprobar el conflicto institucionalizado que solo profundizará la división de la que nos prometieron escapar y que supuestamente se originaba en la Constitución actual. Y como en conflicto permanente no hay progreso posible, aprobar es también despedirse de un mayor bienestar y de esos derechos sociales que tanto le prometieron. La propuesta es, en vez, la receta garantizada para el más estrepitoso fracaso. ¿Es eso lo que queremos a partir del 5 de septiembre?