Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, predecesor del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se elaboró la Política de Fomento de la Arquitectura, con la participación de representantes de asociaciones gremiales, profesionales e instituciones académicas. Esta política identifica la arquitectura como una disciplina que debe recibir la atención y el impulso del Estado, por su interés colectivo y su trascendental influencia sobre el bien común, permitiendo así garantizar su calidad y la del diseño urbano, sobre todo cuando es fruto de concursos o financiamiento público, y fomentando eficazmente su protección, promoción y difusión. La propuesta legislativa contiene un plazo para ser tramitada en el Congreso Nacional, tiempo que está por cumplirse sin que esto haya ocurrido.

La arquitectura debe contar con una ley de fomento, como existe en otros países del mundo preocupados de la calidad de su desarrollo, y como debería ser con otras áreas creativas de relevancia social y cultural, tales como la música, las artes escénicas, las artes plásticas o el diseño. Esta ley permitiría desarrollar concursos, financiar actividades de perfeccionamiento, difusión y debate de la disciplina, como son las bienales; de investigación (sobre problemas de diseño urbano, integración social, resiliencia climática y eficiencia energética que pudiesen redundar en políticas públicas, por ejemplo); de valorización del patrimonio, encuentros internacionales y promoción de servicios en mercados internacionales, además de estimular la participación de profesionales jóvenes, derribando los obstáculos que normalmente encuentran para competir. Para este efecto, la ley crea un Consejo de Fomento de la Arquitectura, un fondo nacional, y replantea la naturaleza del Premio Nacional de Arquitectura, que es hoy el único reconocimiento de este tipo otorgado por el colegio profesional respectivo y no por el Estado.

Como el mismo proyecto señala, “el Estado (…) promueve la valorización de las obras arquitectónicas y urbanas y el espacio público por parte de la ciudadanía, como aspecto fundamental del patrimonio de la nación, y proyecta la calidad en el ejercicio profesional de esta disciplina como factor esencial en la construcción de identidad y en el desarrollo cultural, promoviendo la participación de la ciudadanía en dichos procesos”.

Urge impulsar esta política en el Congreso Nacional, justamente cuando nos enfrentamos a los desafíos de una era de expansión y densificación urbanas, en un contexto de búsqueda de soluciones eficaces, con calidad, equidad y armonía social.