Las audiencias de la Comisión de Investigación del ataque al Capitolio perpetrado por los seguidores de Donald Trump han revelado evidencias macizas de que el entonces presidente estadounidense intentó un fallido autogolpe. Un temor semejante se ha extendido en Brasil a semanas de las elecciones presidenciales que, en octubre, enfrentarán a los dos principales contendores: Luiz Inácio Lula da Silva y el Presidente Jair Bolsonaro, el mandatario latinoamericano que más fielmente ha seguido el libreto político de Trump.

La carrera de Bolsonaro a la Presidencia de Brasil estuvo marcada por una poderosa maquinaria de propaganda de noticias falsas en las redes sociales. En 2018, su campaña de desinformación se centró en alegaciones conspirativas de inseguridad del voto electrónico, y graves acusaciones infundadas contra su rival, el candidato del Partido dos Trabalhadores (PT) Fernando Haddad. El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó borrar de internet varias de las falsedades de la campaña de Bolsonaro contra Haddad, pero su divulgación causó daño irreparable.

El Presidente brasileño continuó desarrollando una campaña de descrédito contra las urnas electrónicas usadas en Brasil, sin que se hubiese registrado una sola denuncia de fraude contra el sistema, desde 1996. Para Bolsonaro, el voto electrónico no es confiable y ha propuesto retomar el sufragio en papel, junto al actual sistema.

En agosto de 2021, el Tribunal Supremo Federal (TSF) incluyó a Bolsonaro en una investigación sobre “grupos digitales antidemocráticos”. El mandatario brasileño expresó que no cumpliría con las decisiones del juez que inició la investigación, y amenazó: “Ese Poder (Judicial) encuadra a su ministro, o ese Poder puede sufrir aquello que no queremos”, lo cual fue interpretado como una amenaza golpista. El presidente del TSF respondió que la Corte “jamás aceptará amenazas a su independencia, ni intimidación al ejercicio regular de sus funciones”, y advirtió que desobedecer los fallos judiciales configuraría un “crimen de responsabilidad a ser analizado por el Congreso Nacional”.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales, Bolsonaro ha vuelto a amenazar el sistema democrático, advirtiendo que las Fuerzas Armadas no se limitarían a “participar como espectadores en las elecciones”. Para disipar las dudas levantadas por el mandatario sobre los comicios, el tribunal electoral convidó a las instituciones armadas a integrar una Comisión de Transparencia de las Elecciones, lo cual llevó a los militares a enviar 88 preguntas y recomendaciones al TSE, haciéndose eco del discurso presidencial. El TSE declinó la mayoría de las propuestas porque “no entendían el sistema”, y otras por ser cuestiones técnicas menores.

El mes pasado, las tres mayores organizaciones del periodismo brasileño publicaron un documento en defensa del sistema democrático. El manifiesto emitido por la Asociación Nacional de Diarios, la Asociación Nacional de Editores de Revistas y la Asociación Nacional de Emisoras de Radio y Televisión reafirmó su “compromiso con el Estado de Derecho y las decisiones soberanas de las elecciones, refrendadas por una justicia electoral cuya actuación ha sido reconocida internacionalmente”. Bolsonaro respondió que los firmantes de la declaración eran unos “caraduras”.

En un hecho sorprendente, Bolsonaro convocó a mediados de julio a unos 40 embajadores acreditados en Brasilia para argumentarles que el sistema electoral de urnas electrónicas era “totalmente vulnerable” y, de paso, criticar a los máximos jueces electorales de su propio país. Apenas terminada esa reunión, el tribunal electoral remitió a los diplomáticos respuestas detalladas desestimando las acusaciones de Bolsonaro. La oposición respondió que el mandatario se empeñaba en sembrar dudas sobre los comicios, siguiendo el guion de Donald Trump, en tanto el diario Folha de São Paulo en un editorial acusó a Bolsonaro de pretender ser un “Presidente golpista”.

Ante este escenario, hace pocos días, en un evento singular por su diversidad, empresarios, banqueros, sindicatos, artistas, juristas y movimientos sociales se unieron en diversos actos para defender la democracia ante la ofensiva de Bolsonaro contra el proceso electoral. En la Universidad de São Paulo cientos de personas se congregaron para la lectura de dos manifiestos contra los “ataques infundados” a la transparencia de las elecciones, sin mencionar al mandatario. Bolsonaro respondió que los manifiestos —uno de los cuales ya reunió un millón de firmas— eran “cartitas” con sesgo político.

Lula sigue liderando en las encuestas, aunque su ventaja sobre Bolsonaro se ha reducido recientemente porque ha declinado la inflación y el desempleo, y el gobierno ha iniciado un paquete de beneficios que inyectará 8 mil millones de dólares en los bolsillos de millones de brasileños de bajos ingresos, y una ayuda especial a los camioneros, lo cual ha sido denunciado por la oposición como un clientelismo descarado y una violación de la ley electoral.

Es muy posible que la primera ronda del 2 de octubre no resuelva la elección, y que esta se defina en un balotaje el 30 de octubre. Entretanto, preocupa, en el actual contexto de polarización y creciente violencia política, el manejo por parte de Bolsonaro del aniversario de los 200 años de la independencia del Brasil, que se celebra el 7 de septiembre.

Siguiendo a Trump, Jair Bolsonaro ha amenazado que las elecciones solo podrían terminar para él en “prisión, muerte o victoria”. El respeto a los resultados de los comicios presidenciales, rechazados por Trump en EE.UU., es la duda que se abre con Bolsonaro en Brasil.