Sería una hipocresía sostener que la prescindencia de los gobiernos en los procesos electorales ha caracterizado la historia de Chile. Sin embargo, en lo que va corrido de este siglo ha habido niveles importantes de contención, al punto que el fenómeno, tan negativo para la convivencia política, se ha reducido significativamente. Por desgracia, con el próximo plebiscito parecen haberse dejado atrás los avances registrados. Por cierto, suelen operar aquí cuestiones de grado, y el cumplimiento de este principio es un asunto que siempre va a suscitar opiniones diversas. Con todo, la Contraloría, que ha cumplido un papel insustituible en recordar su importancia, se ha visto esta vez en la necesidad de intervenir más explícitamente.

Es en esta dimensión que debe entenderse el llamado de atención que el órgano contralor hizo al ministro Jackson. En efecto, este actuó asimétricamente al haber abierto un cauce para recoger las opiniones sobre cambios en la propuesta constitucional por parte de los partidos del oficialismo, partidarios todos del Apruebo, sin haber establecido un proceso similar respecto de los partidarios del Rechazo (esto último solo se ha insinuado ahora, con posterioridad al reproche del ente fiscalizador). En esa actuación aparecía el germen del intervencionismo, porque implicaba la promoción de una opción específica, desde su papel de ministro de Estado. Esta categoría con la que reconocen los textos legales a los secretarios ministeriales es algo que no se ha aquilatado suficientemente en los juicios críticos que se han hecho del dictamen de Contraloría. Ello es evidente en la declaración de la comisión política del Partido Socialista a propósito de este asunto, en la que llega a acusar a esa institución de “cierto sesgo”, junto con exigirle una reconsideración.

Parece ignorarse que, frente a un acto eleccionario, Jackson no es simplemente un ministro del Gobierno, sino una autoridad del Estado, que debe dar garantías a todos los sectores del país. Por cierto, como titular de su cartera le corresponde la tramitación y articulación de proyectos de ley que, obviamente, reflejan las convicciones de la administración en que participa, pero ello es distinto de valerse de esa posición para promover una determinada opción electoral, o para coordinar operaciones políticas en beneficio de una campaña. Es esta distinción la que no se ha querido o sabido entender adecuadamente. En este sentido, este período será recordado como un ejemplo de falta de prescindencia. De hecho, la actuación de Jackson no ha sido única: las actividades de varios ministros y funcionarios gubernamentales de regiones, a propósito de las así llamadas instancias de divulgación de información, han sido a menudo imprudentes y alejadas de una prescindencia bien entendida. El propio Presidente de la República ha marcado pauta en ese sentido.

La construcción de una Carta Fundamental ampliamente compartida, que trascienda los resultados del próximo plebiscito, en un proceso en que el Gobierno debería ser un actor esencial, requiere generar confianzas. Ellas son centrales para asegurar el buen funcionamiento de la democracia y del orden político institucional. Una campaña de información partisana frente a dos alternativas que son igualmente legítimas es contraria a esa necesidad. Como se señalaba, en días recientes las autoridades han mostrado un grado mayor de apertura a escuchar a quienes no se han sumado al Apruebo. Sin embargo, los acercamientos son aún tímidos, al tiempo que se insiste en defender una sesgada interpretación del “rol informativo” del Gobierno y se elude la autocrítica a este respecto. Tiende a olvidarse que, aun si gana el Apruebo, se requerirá de una colaboración amplia del Congreso para implementar la nueva Constitución. Así, incluso consideraciones de mero pragmatismo debieran llevar al Ejecutivo a evaluar el riesgo que representa su falta de prescindencia. La ciudadanía reclama urgentemente cohesión social y acuerdos. Estas semanas previas a la votación pueden ser claves para crear los espacios que permitan alcanzarlos.