Señor Director:

Julio Torres dice en su diario (lunes) que estoy en contra de que los Colegios de Abogados o Arquitectos colaboren con los propósitos y responsabilidades del Estado. Eso no es así, la verdad es que yo feliz que colaboren a tener un mejor sistema judicial o mejores ciudades. Yo mismo, como individuo, colaboro con los propósitos y responsabilidades del Estado tanto al pagar impuestos —ya que lo financio— como cuando llevo a mis sobrinos a pescar truchas o a mirar pájaros —ya que les genero conciencia ecológica y una ¿ilusión? de niñez protegida—. El punto es que tal como la Constitución no debería decir nada respecto de si debo hacer eso o no, tampoco debe pronunciarse acerca de qué deben hacer los gremios de forestales, periodistas o futbolistas.

Y si quiere explicitar algo así como lo planteado, debería al menos explicitar también entonces que tienen la autonomía para negarse a colaborar con esos propósitos.

Cualquier gremio debería fijar sus fines autónomamente e, incluso, poder estar en contra de los que tenga el Estado. ¿Acaso será inconstitucional que los ingenieros forestales se pronuncien en contra de un subsidio al trigo, ya que ellos opinan que se debería subsidiar a la madera? ¿Serán catalogados de anticolaboracionistas, secesionistas?

Pongámonos creativos e imaginemos que el Estado tenga el “deber de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria” (artículo 54). ¿Será sedicioso oponerse al subsidio al trigo o a la avena? Yo no sé qué dirán los molineros. Y más aún: ¿qué pasará con el molinero que se oponga a ese subsidio al trigo? De hecho, que Julio Torres, secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales, gremio de larga historia, haya escrito esa carta, y haya reclamado por el derecho de “recuperar atribuciones perdidas en el pasado”, demuestra que es una mala norma constitucional.

Fernando Claro V.
Fundación para el Progreso