e ha puesto en tabla para su votación en la Sala del Senado el proyecto de ley presentado por los senadores Latorre y Navarro, y las senadoras Allende, Muñoz y Provoste, que consagra un indulto para imputados, formalizados o condenados por delitos con motivo del llamado “estallido social”. Se trata de hechos ocurridos desde el 7 de octubre de 2019 al 9 de diciembre de 2020, en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas, bastando una prueba indiciaria. El proyecto indica que es suficiente la petición del sujeto en prisión preventiva para que el juez la revoque. Además, excluye de este beneficio a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

Sabemos que el primer pronunciamiento de la Convención Constitucional fue la reclamación de indulto para los llamados “presos de la revuelta”, a lo que se agregó la de los presuntos “presos políticos” mapuches.

No obstante, el proyecto ha sido criticado por despreciar a las víctimas, discriminar según personas al dejar fuera a Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, generar una sensación de impunidad y legitimar delitos graves como homicidios frustrados, incendios y estragos, robos, hurtos y daños. Se incluirían quemas de iglesias y museos, saqueos y destrucción de propiedad pública.

La Corte Suprema lo informó negativamente. Destacó que no se trata de indulto, sino de amnistía y señaló que deja al juez como mero certificador de la extinción de medidas cautelares. Agrega la Corte que “no puede dejar de advertir la improcedencia de promover una iniciativa legislativa como la que se revisa, que pretende abarcar tanto las situaciones afinadas como aquellas pendientes, sean ellas conceptualizadas como indulto general o amnistía, toda vez que, sean analizadas bajo el prisma del principio de separación de poderes, como el de colaboración entre los órganos del Estado, no pueden ser abordadas por un órgano distinto de los tribunales de justicia, atendida la prohibición que pesa sobre aquellas entidades de avocarse causas que se encuentren pendientes”.

La mayoría de la comisión de Constitución del Senado (senadores Araya, De Urresti y Huenchumilla) se vio forzada a limitar el proyecto cambiándolo de indulto a amnistía, y a reducir los delitos, aunque siguen considerándose modalidades del delito de incendio y de daños. El período sigue siendo el mismo, o sea, más de un año. La amnistía no borra el ilícito, por lo que no impide el ejercicio de las acciones civiles por parte de aquellas personas que experimentaron daños o perjuicios, e incluso se les permite demandar al Estado. Para los delitos no amnistiables se fija un plazo de 60 días para el cierre del proceso, y si no hay condena pero sí prisión preventiva, el imputado puede solicitar su sustitución por una medida menos gravosa.

El Gobierno, nada más asumir, le puso suma urgencia, pero pese a los esfuerzos del ministro Jackson, no ha sido posible obtener los votos para su aprobación. Ahora que se puso en tabla, el senador Pedro Araya declaró: “creo que no se puede seguir dilatando la aprobación o el rechazo de este proyecto”.

Lo cierto es que esta iniciativa legal es socialmente dañina y contraproducente. Por los delitos que se mencionan en el proyecto, se observa que se excluye a Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. Que se trate de un perdón estatal no autoriza esta discriminación, máxime si la motivación del proyecto es pacificar la sociedad por la violencia del estallido social.

Si se trata de prisiones preventivas abusivas, se puede aplicar la regla que pone como límite la mitad de la pena asignada al delito o el límite máximo de dos años desde la formalización. Además no se sabe quiénes serían los beneficiados y existen cálculos contradictorios con diferencias no menores, de manera que se está legislando a ciegas.

Dado el aumento de la criminalidad y la preocupante deficiencia en la prevención de delitos, el amnistiar estos hechos penales incrementará la sensación de inseguridad e impunidad, y dejará a las víctimas en la necesidad de interponer demandas civiles para obtener la reparación de sus daños, lo que probablemente no sucederá.