A la base del debate sobre la propuesta constitucional está la cuestión de su capacidad para limitar el ejercicio del poder y distribuirlo apropiadamente; asegurar igualdad ante la ley, libertades civiles y políticas, y autonomía personal; consagrar derechos, protegerlos y definir los mecanismos a través de los cuales se materializarán; en fin, acordar las instituciones fundamentales para promover una sana convivencia de la comunidad que es acogida por el Estado de Chile. El compromiso anunciado ayer por los partidos que respaldan el Apruebo, para reformar —de imponerse esa alternativa— diversos aspectos del texto, confirma que este no tiene la capacidad para cumplir satisfactoriamente tales objetivos. En efecto, si bien los cambios que se proponen son acotados, refieren a aspectos relevantes de la propuesta, solo que abordándolos de una manera apenas tangencial, más destinada a lograr un efecto comunicacional que a resolver sus nudos.

Así, la decisión adoptada por los partidos casi 40 días después de haber recibido y celebrado el texto resulta tardía y parece más bien un movimiento táctico, que posterga las precisiones para una discusión posterior. Esto, en un contexto en que las encuestas muestran una brecha relativamente estable a favor del Rechazo y donde las posibilidades del Apruebo pasan por lograr que un número relevante de votantes cambie su posición. El acuerdo persigue ese objetivo, pero no es evidente que los electores le vayan a asignar credibilidad. De hecho, la referida falta de detalles sugiere un compromiso más bien débil con los cambios. Un ejemplo es lo que acontece en salud, donde los partidos prometen que “se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud” y, también, que esta red podrá estar integrada por prestadores privados: una declaración vaga, que poco avanza respecto del texto que supuestamente se busca corregir, y donde se entrega a la ley definir cuestiones como el modo en que los privados podrían integrarse; nada se innova, por otra parte, respecto de lo decidido por la Convención en cuanto a que las cotizaciones obligatorias de salud solo podrán destinarse a financiar “solidariamente” el sistema. Así, el acuerdo parece hecho con encuestas en mano para intentar reducir las críticas más fuertes que la propuesta genera, aludiendo a sus grandes “titulares”, pero sin darles una bajada que realmente se haga cargo de las objeciones.

Se olvida, además, que las críticas puntuales esconden un cuestionamiento más integral. Una muestra es el modo en que se intenta neutralizar las objeciones a la plurinacionalidad. El foco se pone en acotar el consentimiento previo de los pueblos originarios a las iniciativas que afecten a las entidades territoriales. Se intenta precisar, además, los bordes de los sistemas de justicia indígena. Pero el cuestionamiento a la plurinacionalidad —que, todo indica, es profundo en el país— refiere a algo mucho más de fondo: la idea de que Chile sería un Estado compuesto por varias naciones. Esto es rechazado no solo por los “chilenos”, sino también por quienes integran los pueblos originarios. Por otra parte, este intento por acotar los alcances del consentimiento es a la vez un reconocimiento claro de su ambigüedad y de que las críticas que ha originado no son “fake news”, como se ha pretendido descalificar. Por cierto, si se aprueba el texto propuesto y se intenta modificar en esta dimensión, el debate sobre su interpretación se producirá de inmediato.

El acuerdo alcanzado por los partidos, más allá de las apreciaciones sobre su contenido y el real compromiso con los cambios anunciados —baste mencionar las declaraciones del presidente del PC, en cuanto a que “no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas…”—, revela el error en que incurrieron antes esas colectividades, al renunciar a liderar el proceso constitucional y dejarlo entregado a sectores de escasa representatividad, que privilegiaron reafirmar sus identidades antes que pensar en un marco en el que pudiese sentirse acogida la inmensa mayoría de los chilenos. Es la expresión periódica de la población en las urnas por medio de elecciones libres, abiertas y competitivas la que debe ir moldeando el devenir de los países y no una Constitución en la que todos aspiran a reconocerse. Este proceso ha representado así una dura lección para todo el espectro político, la que es de esperar sea aprendida. En este sentido, decisiones como la de aprobar la rebaja de los actuales quorum ofrecen un camino más cierto hacia un orden institucional compartido que operaciones tácticas de última hora como esta.