Los partidos oficialistas se encuentran ultimando los detalles de un acuerdo en el que se comprometerían a introducir mejoramientos al texto elaborado por la Convención, si este es aprobado en septiembre. Reponer el estado de excepción constitucional de emergencia; eliminar la posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República y restablecer su iniciativa exclusiva en materias que irroguen gasto fiscal; evaluar la composición del Consejo de la Justicia, y acotar los ámbitos de la justicia indígena, podrían ser elementos del acuerdo. El compromiso —que no abordaría los cuestionados ejes estructurantes de la propuesta— sí incluiría tanto reformas al texto como precisiones en su implementación que se materializarían por la vía legislativa. Impulsor decidido ha sido el Presidente de la República, confirmando el rol de líder de la campaña del Apruebo que en los hechos ha resuelto asumir. En efecto, aunque eufemísticamente el discurso oficial sostiene que este paquete de reformas apuntaría a “quitarle incertidumbre a la gente”, se trata de una suerte de “última carta” que se juegan quienes sustentan el Apruebo frente a un escenario electoral que —según todas las encuestas— se vislumbra difícil para su opción. Ello ha dado así origen a una operación política abundante en paradojas.

Desde luego, hasta hace solo algunas semanas, el texto de la Convención era objeto de extendidas alabanzas en el oficialismo, y todas las críticas eran descalificadas como mal intencionadas o derechamente fake news y mentiras; la sesgada campaña gubernamental llamando al “voto informado” se sostiene hasta hoy en esa estrategia. A su vez, la fórmula de “Aprobar y mejorar” impulsada por el PPD encontró inicialmente una fría recepción en el resto de las colectividades, especialmente en el pacto Apruebo/Dignidad. Fue el giro dado en esta materia por el Presidente Boric —quien pasó de posponer el tema para después del plebiscito a instar a los partidos a lograr un acuerdo— lo que activó las cosas. Así, ahora, a solo tres semanas del plebiscito, se reconocen algunas de las deficiencias de la propuesta, las mismas que antes fueron discutidas y aprobadas en la Convención, en muchos casos con los votos del actual oficialismo.

Más allá de esta contradicción —y del impacto electoral que pueda tener la fórmula—, hay en ella una implícita confesión respecto del carácter insatisfactorio de la propuesta constitucional, a la que sin embargo se llama a aprobar. En efecto, ¿en qué pie queda ahora la afirmación de que la gente, al conocer los contenidos de la nueva Constitución, se convencería de sus bondades? ¿Qué sentido tiene repartir miles de ejemplares de un texto que, según notifican los partidos oficialistas, quedaría obsoleto incluso antes de ser votado? Visto en rigor, el acuerdo que se busca, aunque acotado, es un reconocimiento por parte de la izquierda más moderada de las deficiencias de la propuesta de la Convención y un acto pragmático de la izquierda más radical, en cuanto a que en su actual redacción no tendría forma de ser aprobada por la mayoría del país.

No son esas sin embargo las únicas contradicciones. Luego de haber sostenido permanentemente que el valor del texto trascendía sus contenidos, pues residía en las características del proceso, llevado a cabo de cara a la ciudadanía, al margen de las cúpulas, por una Convención íntegramente elegida, paritaria, con fuerte presencia de independientes y de pueblos originarios, el Gobierno y los partidos que lo apoyan han dedicado las últimas semanas a una negociación sigilosa y reservada, fiel expresión de las lógicas de una “cocina política”. Ello no debiera ser motivo de escándalo si no fuera porque el Frente Amplio, el bloque eje del actual oficialismo, sustentó parte de su trayectoria en la crítica acerba a tales dinámicas, las mismas que ahora replica. Resulta en ese sentido comprensible la molestia de los exconvencionales al observar que los partidos se “apropian” de una discusión que supuestamente había sido entregada a quienes antes se ensalzó como “el mejor espejo” donde el país podía mirarse. Al parecer, la afirmación presidencial de que cualquier Constitución sería mejor que la vigente tenía una letra chica que es la que ahora están escribiendo las colectividades oficialistas.