Un episodio más se viene a sumar a la seguidilla de casos de obras públicas o emprendimientos privados que sufren graves retrasos en la materialización de sus proyectos, por causa de la inoperancia y excesiva burocratización del Consejo de Monumentos Nacionales. Se trata de la habilitación de un bypass en Castro para descongestionar el tráfico de la Ruta 5 Sur, que aún cruza la ciudad. Hallazgos arqueológicos, debidamente informados por las empresas contratistas, han provocado una demora de cuatro años debido a la burocracia en el actuar de dicho Consejo. Ya una vez la empresa originalmente adjudicataria de las obras pidió la liquidación del contrato, precisamente por estos atrasos; ello obligó a una nueva licitación, pero a poco andar, la nueva firma se enfrentó al mismo problema y los vecinos hoy temen que el proyecto nunca se complete. Una situación similar se vivió hace unas semanas en el Muelle Barón, en Valparaíso, una obra que busca recuperar para la ciudad su borde costero y cuyo retraso por los informes que no llegan del Consejo de Monumentos ha obligado a mover su apertura hasta 2024.

El Consejo de Monumentos es una entidad dotada de una normativa obsoleta, cuyos aspectos esenciales no han sido modernizados en los últimos 50 años y cuya centralización se ha convertido en una rémora para el progreso de obras elementales para la comunidad. De ello dan cuenta senadores de bancadas de gobierno y oposición que han llamado a actuar de forma urgente en su pronta renovación y actualización legislativa. Como es sabido, una nueva Ley del Patrimonio, que contempla entre muchos hitos una reforma a dicho Consejo, se encuentra ahora en el Senado, luego de ser aprobada por la Cámara a principios de marzo de este año. Su concreción en ley daría un impulso importante para destrabar los vicios burocráticos mencionados.

Dicha normativa, lamentablemente, es rechazada por la nueva autoridad del Ministerio de las Culturas, cuyo plan programático contempla el retiro de este proyecto, fruto de un trabajo de más de diez años en múltiples instancias y entidades de la comunidad interesada, y en vez de retomarlo y enriquecerlo, busca partir con una hoja en blanco. Ello habla de un menosprecio y falta de conocimiento de todo lo obrado con anterioridad en esta materia, por personas e instituciones de larga experiencia que no han hecho otra cosa que detectar en terreno, luego de años de ensayo y error, las debilidades y carencias que pueden corregirse con un trabajo legislativo mancomunado. Lo que está en el Senado es lo más maduro que se ha alcanzado en mejorar la ley actual. Hay una mirada ideologizada de parte de la autoridad ministerial que al parecer impide ver esta realidad con claridad y que busca introducir cambios radicales en los contenidos y los procedimientos, para fijar una nueva legislación de incierta eficacia y desconocidos atributos.

Avanzar a partir de lo ya obrado en la nueva Ley del Patrimonio sería una señal muy positiva del Gobierno, si es que verdaderamente está dispuesto —como ha dicho varias veces el Presidente Boric— a construir sobre la base de lo realizado por las administraciones que lo precedieron, en lugar de rechazarlo por un mero gesto generacional.