Señor Director:

¿Es correcto que las universidades, mediante sus órganos, emitan una opinión acerca del proyecto constitucional respaldándose en la disciplina o la ciencia que cultivan?

Se ha afirmado que no hay nada de malo en ello, puesto que las asociaciones tienen derecho a opinar. Y que no otra cosa habría hecho el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica al rechazar el proyecto.

Esa afirmación plantea la pregunta de si la universidad es una asociación cuyos alumnos y profesores se congregan en torno a ciertas verdades sustantivas —que llegado el caso es su deber defender— o si en tanto universidad, ella se constituye como un ámbito cuyo principal objetivo es garantizar la independencia crítica de sus miembros para el cultivo de las disciplinas que imparte.

¿Los estudiantes que eligen una universidad lo decidieron por adherir a su ideario o lo han hecho en busca del saber? ¿Los profesores han ingresado a la universidad en busca de un lugar donde cultivar su ciencia o ante todo por adhesión al ideario de la institución? Parece obvio que los estudiantes y los profesores se incorporan a la universidad siguiendo más su vocación intelectual que su fe o su confianza en este o aquel ideario. Y ello es una buena razón para creer que se comete un error cuando una facultad, esgrimiendo el saber que cultiva, se pronuncia en torno a una cuestión que debe estar entregada al libre discernimiento de sus miembros.

¿Qué se diría si un órgano de la Universidad de Chile, o cualquier otra, en vez de instar por el Rechazo lo hiciera por el Apruebo arguyendo que su opinión ejercita un derecho que le corresponde en tanto asociación? Se diría, sin duda, que la universidad no es una asociación organizada para defender determinadas posiciones ideológicas, sino una asociación u organización cuya tarea es defender una cierta forma de elaborar ideas y de discernirlas, asegurando para todos sus miembros el derecho a formarse la suya e instándole, con la información suficiente, a que lo haga.

La Pontificia Universidad Católica no debiera eximirse de ese deber. Ella en tanto universidad acoge a estudiantes y profesores de todos los credos y puntos de vista y debe garantizarles el derecho a que los defiendan y argumenten sin insinuar siquiera que, en materias ideológicas, la universidad cuenta con una opinión oficial. En la universidad la conciencia crítica incluso acerca de los propios fundamentos es parte inescindible de la conciencia científica. La universidad es la única institución que afirma el saber; pero al mismo tiempo discute las condiciones que hacen posible que ese saber exista.

Los profesores y profesoras que quieran plantear sus puntos de vista políticos e ideológicos disponen de medios distintos a la universidad —el púlpito, la prensa, los partidos, los libros— y así pueden descender a la arena pública despojados de la autoridad que la institución universitaria les confiere. Si así lo hacen ganará la universidad, que de esa forma seguirá siendo el lugar donde se garantiza la independencia crítica, y ganará también la democracia, que se alimentará de la diversidad de ideas (ninguna reclamando la ciencia de su lado) para que los ciudadanos puedan libremente decidir.

Carlos Peña