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Jueves 04 de agosto de 2022
Constituciones engañosas
Señor Director:
En 2013 los académicos David Law y Mila Versteeg realizaron un análisis comparado de las constituciones de 167 países y llegaron a la conclusión de que un gran número de ellas garantizaba en el papel un amplio catálogo de derechos que no eran respetados en la práctica. A este tipo de textos constitucionales —que no cumplen con las extensas promesas que señalan en sus textos— los autores las denominaron “constituciones engañosas” (sham constitutions). A su vez, diversos estudios cuantitativos —centrados específicamente en el ámbito de los derechos sociales— han llegado a la misma conclusión que Law y Versteeg: la consagración constitucional de derechos sociales no parece estar empíricamente asociada ni a un mayor respeto por estos derechos en la práctica, ni a mayores niveles de gasto público dirigido a hacerlos efectivos.
Es improbable que esto se deba a una intención activa de los gobernantes por querer incumplir aquellos derechos sociales que garantizan sus constituciones. Más factible es concluir que, en muchos casos, países que no cuentan con suficientes recursos pecan de ambiciosos al momento de redactar sus textos constitucionales, efectuando promesas que simplemente no pueden cumplir.
Lo anterior resulta relevante a días de la publicación de una investigación del Centro de Estudios Públicos, en la que se estima que la implementación de la propuesta de nueva Constitución en lo relativo a derechos sociales (educación, salud y protección social) significaría para el Estado un costo fiscal anual de entre 7,18% y 11,4% del Producto Interno Bruto, es decir, un monto 1,75 a 2,78 veces superior a lo que espera recaudar la reforma tributaria presentada en julio por el Gobierno (4,1%).
Esto se debe tener en cuenta de cara al plebiscito del 4 de septiembre, ya que, de no existir la capacidad del Estado de realizar ese gasto, la propuesta de nueva Constitución será (al menos en lo relativo a derechos sociales) una mera declaración de principios o —en la terminología ya señalada— una Constitución engañosa, que no se cumplirá en la práctica.
Cristián Eyzaguirre Ducci
Investigador asociado
Comparative Constitutions Project
En 2013 los académicos David Law y Mila Versteeg realizaron un análisis comparado de las constituciones de 167 países y llegaron a la conclusión de que un gran número de ellas garantizaba en el papel un amplio catálogo de derechos que no eran respetados en la práctica. A este tipo de textos constitucionales —que no cumplen con las extensas promesas que señalan en sus textos— los autores las denominaron “constituciones engañosas” (sham constitutions). A su vez, diversos estudios cuantitativos —centrados específicamente en el ámbito de los derechos sociales— han llegado a la misma conclusión que Law y Versteeg: la consagración constitucional de derechos sociales no parece estar empíricamente asociada ni a un mayor respeto por estos derechos en la práctica, ni a mayores niveles de gasto público dirigido a hacerlos efectivos.
Es improbable que esto se deba a una intención activa de los gobernantes por querer incumplir aquellos derechos sociales que garantizan sus constituciones. Más factible es concluir que, en muchos casos, países que no cuentan con suficientes recursos pecan de ambiciosos al momento de redactar sus textos constitucionales, efectuando promesas que simplemente no pueden cumplir.
Lo anterior resulta relevante a días de la publicación de una investigación del Centro de Estudios Públicos, en la que se estima que la implementación de la propuesta de nueva Constitución en lo relativo a derechos sociales (educación, salud y protección social) significaría para el Estado un costo fiscal anual de entre 7,18% y 11,4% del Producto Interno Bruto, es decir, un monto 1,75 a 2,78 veces superior a lo que espera recaudar la reforma tributaria presentada en julio por el Gobierno (4,1%).
Esto se debe tener en cuenta de cara al plebiscito del 4 de septiembre, ya que, de no existir la capacidad del Estado de realizar ese gasto, la propuesta de nueva Constitución será (al menos en lo relativo a derechos sociales) una mera declaración de principios o —en la terminología ya señalada— una Constitución engañosa, que no se cumplirá en la práctica.
Cristián Eyzaguirre Ducci
Investigador asociado
Comparative Constitutions Project
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