Revuelo público ha ocasionado la salida del periodista Matías del Río como conductor del programa “Estado Nacional”, de Televisión Nacional de Chile (TVN). Aunque un comunicado del canal sostuvo que los argumentos considerados fueron “de carácter absolutamente profesional”, tres de los siete miembros del directorio emitieron ayer una declaración que pone en cuestión tales explicaciones. “Tenemos la íntima convicción, y así lo hemos expresado en las instancias formales que corresponden, que esta decisión está motivada por razones políticas y, por ello, consideramos que constituye un daño enorme a la autonomía de la televisión pública y a su esencial pluralismo”, afirmaron ayer los directores Pilar Vergara, Pauline Kantor y Gonzalo Cordero. La situación planteada es, pues, de la máxima gravedad, al comprometer el fundamento mismo que se ha dado para justificar la existencia de un canal estatal.

Como antecedentes para contextualizar los hechos, cabe recordar que el referido periodista había sido objeto de durísimas campañas de cuestionamiento en redes sociales por parte de sectores de izquierda, al parecer, incomodados por su desempeño frente a entrevistados de ese sector político. Pero, además, y aunque según el referido comunicado la decisión se habría tomado con anterioridad, ha sido conocida días después de un comentario que hiciera vía Twitter una de las integrantes del directorio de TVN, Nivia Palma, en el que reclamaba por la selección de invitados a ese programa. Por cierto, las determinaciones respecto de la conducción de un espacio periodístico pertenecen al ámbito de atribuciones de todo medio en virtud de su libertad editorial. El carácter público del canal demanda, sin embargo, que ellas se encuentren adecuadamente fundamentadas y que las razones que las motiven se expliquen transparentemente a la ciudadanía. Nada de ello ha ocurrido en este caso, con la difusión de un tardío comunicado por parte de la estación, rebatido en los hechos por la declaración de miembros de su directorio. Así, todo pareciera sugerir que el traslado del periodista fue efectivamente la respuesta a presiones políticas, transgrediendo los tres pilares en los que, según su propia definición, se asienta la misión de esta estación televisiva: el pluralismo y ecuanimidad, la objetividad y la autonomía.

Pero además resulta imposible analizar este episodio abstrayéndolo del complejo contexto que vive el país y de las señales que algunos sectores de izquierda han dado en materia de libertad de expresión. Se ha conocido en estos días, por ejemplo, la visión que ciertos exconvencionales tienen respecto de la función de los medios públicos; un caso notorio ha sido el de Daniel Stingo, para quien “este gobierno peca de no intervenir más TVN”. Ello, cuando tanto la propuesta constitucional como el programa de la actual administración propugnan la creación de un sistema de medios estatales para supuestamente responder así a las necesidades informativas de la población. A la luz de lo ahora ocurrido en TVN, cabe preguntarse si este es el tipo de “intervención” que demandan figuras como Stingo y la razón de su referida apuesta por los medios de propiedad estatal.

Arista insoslayable de este caso son las acciones de hostigamiento que distintos periodistas han estado enfrentando. En efecto, desde 2019 —y más aún a partir de las primarias presidenciales del año pasado— se han multiplicado las prácticas de acoso y acusaciones de parcialidad hacia profesionales que han interpelado o investigado a figuras políticas de connotada influencia. Mediante acusaciones y amenazas en las redes sociales —y también funas callejeras, como se vio a propósito del estallido de octubre de 2019—, se pretende amedrentar el libre ejercicio del periodismo. Lejos de una sana y legítima crítica subyace a estas acciones —disciplinadamente replicadas mediante bots que permiten poner regularmente esta temática entre los trending topics del día— un ánimo cancelatorio incompatible con el debate democrático.

La persecución de la labor periodística mediante campañas de desprestigio, ataques personales y entorpecimiento del trabajo profesional menoscaba las posibilidades de la ciudadanía para acceder a la información y debiera ser un motivo de preocupación prioritaria. En ese sentido, llama la atención el lamentable silencio del Colegio de Periodistas frente a este caso, pero también la rapidez de la ministra vocera de gobierno para descalificar como “instrumentalización política” la justificada inquietud que este asunto ha generado.