En el papel, nuestro país tiene la obligación de asegurar el acceso a la educación a todos los niños, niñas y adolescentes. Así está escrito en la Constitución vigente (artículo 19, numeral 10) y, por cierto, también lo ratificamos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 13 y 14).

Sin embargo, lo cierto es que hoy el Estado de Chile incumple con este deber, vulnerando los DD.HH. de miles de niños. Puede parecer imposible, pero es la triste realidad de nuestro país. Solo entre la Región de Tarapacá y La Araucanía hoy existen aproximadamente cinco mil niños en esta situación. Pedimos el dato para el resto de las regiones por Transparencia, pero todavía no hemos recibido respuesta del Ministerio de Educación.

¿Por qué ocurre esto? Porque en los establecimientos educacionales de distintas comunas no tienen disponibilidad de matrícula para ellos. “No hay cupo, vaya a la Seremi o anótese por aquí y la llamamos cuando tengamos uno”.

La situación actual es grave, pero la futura se ve igualmente negativa. Luego de la persecución que han sufrido los colegios particulares subvencionados hoy casi nadie quiere iniciar o construir una nueva escuela.

¿Qué han hecho las familias frente a este drama? Muchas han tomado la decisión de inscribir a sus hijos en sistema de exámenes de libres, o en iniciativas autogestionadas que procuran ofrecerles un proceso de aprendizaje con muchos obstáculos. Una vez más la sociedad civil se hace cargo de la mediocridad del Estado.

Un niño que se queda fuera del sistema de enseñanza escolar es un fracaso de toda nuestra sociedad, y una vulneración inaceptable de sus derechos humanos. Una vez más, dado que los niños no marchan ni utilizan la violencia, quedan al final de la fila.

Más allá de la denuncia pública, la pregunta por delante es qué hacemos para que no se siga vulnerando este derecho: ¿Dobles turnos en los colegios con más demanda de matrícula? ¿Reasignamos el gasto público para la construcción de nuevas escuelas o ampliación de las existentes? ¿Diseñamos un plan nacional para acelerar la inversión en la infraestructura educativa? Este grave incumplimiento del Estado debe encararse como prioridad nacional.

Se necesitan respuestas urgentes, porque las consecuencias de que un niño no acceda a la educación son irreparables. No podemos dejarlos atrás, porque al abandonarlos se nos va el futuro de nuestro país. Hoy nuestro país está polarizado, pero los niños siempre debieran ser nuestra mayor fuente de unidad y sentido de urgencia. Espero sinceramente que el ministro de Educación pueda asumir un liderazgo en esta materia, y que todos los sectores apoyemos toda iniciativa que permita hacer real, y no una mentira, el derecho a la educación.

Felipe Kast
Senador