Señor Director:

Tiene razón Cristián Warnken cuando sugiere que al chileno promedio no le basta leer el proyecto de Constitución para saber lo que, efectivamente, establece. Para alcanzar esa conclusión no es necesario, sin embargo, ser escéptico respecto de las capacidades lectoras nacionales. ¡Ni el más preparado constitucionalista está en condiciones de hacerlo! A lo más, podrá alertar sobre el (todavía demasiado amplio) rango de interpretaciones posibles. Lo anterior, porque el alcance de las disposiciones constitucionales lo van especificando la jurisprudencia de nuestros tribunales, la doctrina jurídica y los consensos interpretativos entre nuestros abogados, académicos, legisladores y burócratas.

Todo eso requiere de tiempo de vigencia. Mucho tiempo. Solo cuando este haya transcurrido podremos declarar qué dice, con suficiente especificidad, nuestra Constitución. Y ni siquiera entonces con certeza. A modo de ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de reversar Roe v. Wade y declarar que el derecho a abortar carece de rango constitucional, después de que por casi medio siglo aseverara institucionalmente lo contrario.

Que introducir nueva legislación estructuralmente remeza el valor fundamental de la seguridad jurídica constituye una razón de peso para llevar a cabo esa tarea con sumo cuidado, en especial cuando se trata de la norma fundamental del país. Nuestra Convención Constituyente no lo tuvo y produjo un proyecto constitucional cuya textura es excesivamente abierta. Esa circunstancia, unida a la notoria y profunda ausencia de consenso interpretativo respecto de él entre nuestros juristas, constituye razón necesaria y suficiente para rechazarlo.

Álvaro Anríquez Novoa