Sin haber sido nunca convocado por las actuales autoridades y pese a contar con un presupuesto vigente para este año, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la disolución del Consejo Asesor de Educación Superior, creado en el gobierno anterior como una instancia de participación de todas las instituciones del sistema. Entre sus miembros se contaban también las subsecretarías de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; el superintendente de Educación Superior; la presidenta del Consejo Nacional de Educación; el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, y los directores de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, congregando a los actores del área en un intento por establecer un diálogo sobre las decisiones de política pública relacionadas con su funcionamiento.

Pese a la dificultad que supone reunir en un mismo espacio a instituciones tan diferentes en cuanto a su calidad y misiones institucionales, el Consejo ofrecía así una instancia única de participación transversal de los actores de la educación superior. Esto, advirtiendo las limitaciones del Consejo de Rectores (CRUCh), que incorpora solo a una fracción de las universidades.

Resulta contradictorio que un gobierno que ha enfatizado la relevancia de la participación termine con iniciativas que —si bien perfectibles— permiten convocar a quienes colaboran en un área crucial, especialmente cuando los desafíos que enfrenta el sector, como el sistema de admisión, el proceso de acreditación, el financiamiento y la gratuidad, por nombrar algunos, requieren definiciones claras y oportunas, ya que afectan de manera transversal a todos los actores.

El término del funcionamiento de este Consejo parece coincidir con la intención declarada por la autoridad de establecer un trato privilegiado hacia las universidades estatales, favoreciendo a estas instituciones sin consideraciones basadas en su calidad y su impacto público, con el riesgo de debilitar la diversidad institucional que ha caracterizado al sistema, el que, gracias a su expansión hacia el ámbito privado en las últimas décadas, permitió la incorporación de diversos planteles, expandiendo la matrícula en un proceso democratizador y de movilidad social sin precedentes. Las nuevas generaciones son protagonistas de este cambio sociocultural, al ser, en gran proporción, los primeros de su núcleo familiar en tener acceso a este nivel de enseñanza. Focalizar los recursos y la asistencia hacia las universidades estatales puede afectar al estudiantado más vulnerable, que ha optado por estudiar en establecimientos de las más diversas características, y menoscabar la excelencia académica que universidades de marcado perfil público exhiben tanto a nivel local como internacional.

La experiencia indica que un sistema de educación superior vigoroso y diverso permite no solo la formación de profesionales de alto nivel, sino también la expansión del conocimiento y la innovación, imprescindible para el progreso social. Señales equívocas como las recientemente conocidas generan incertidumbre sobre su devenir.