Informar sobre el próximo plebiscito y de lo que se vota es una función que —conforme los instructivos de Contraloría— puede ser cumplida por determinadas reparticiones gubernamentales. Pero aunque estas son lideradas por personas con una clara orientación política, les está vedado aprovechar dicho despliegue para favorecer alguna de las opciones en disputa. Son líneas que no se deberían cruzar, en tanto y cuanto los recursos públicos no pertenecen al gobierno de turno, sino a la ciudadanía, que elige periódicamente a sus representantes. Hay aquí una tensión inevitable, pero por lo mismo existen reglas y límites, aun cuando el momento en que estos se transgreden no siempre sea claro.

En el caso de la campaña que está desarrollando el Gobierno, sin embargo, difícilmente hay lugar a dudas respecto de su sesgo en favor de la opción Apruebo. Desde luego, la información sobre el texto constitucional no parece balanceada, ni tampoco aquella respecto de los efectos de las alternativas que estarán en la papeleta. A su vez, los actos de gobierno para dar cuenta del texto se asemejan a los de una típica campaña electoral, y aun los anuncios de beneficios sociales se entremezclan con el debate constitucional, con el propio Presidente de la República usando esas instancias para leer párrafos ad hoc de la propuesta.

En este contexto, la decisión de la Contraloría de investigar esta campaña es una señal relevante. Por cierto, este organismo ha recibido reclamaciones de congresistas, movimientos y figuras políticas. Pero no parecen ser esas las razones que lo llevan a realizar indagatorias, sino dudas propias sobre la existencia de una confusión de roles. Sería un error anticipar el resultado de las investigaciones en un ámbito que es complejo, pero la suma de antecedentes que se han venido acumulando, y de los que en muchos casos ha sido testigo el país, es indesmentible.

Nada debiera hacer olvidar que lo que está en juego en este plebiscito es la conveniencia o no del nuevo texto constitucional para abordar los desafíos del país. Por la trascendencia que tienen las cartas fundamentales para el destino de las naciones, ese es el asunto central en estos momentos. Si efectivamente se busca alentar una decisión informada, el Gobierno —y el jefe de Estado en particular— debiera intentar explicitar los argumentos que se esgrimen tanto para favorecer el Apruebo como el Rechazo. Ambos, expresados de la mejor forma posible. Ello sí ayudaría a la población a tomar su decisión. La dificultad de ese ideal no significa que la ciudadanía y los organismos permanentes del Estado dejen de demandarlo y se resignen a aceptar prácticas intervencionistas.