Señor Director:

La profesora Viviana Ponce de León escribe, en Crónica Constitucional de “El Mercurio”, que en caso de expropiación, el proyecto de la Convención “prevé una serie de garantías, en términos aún más detallados que los que se encuentran en la mayoría de los textos constitucionales contemporáneos”.

Es evidente, sin embargo, que los chilenos debemos compararnos con el avance obtenido en nuestra evolución constitucional propia. Chile progresó en las últimas décadas —hasta que el crecimiento se detuvo, desde el gobierno de Bachelet II— más y mejor que en casi todos los países extranjeros. La reducción de la pobreza fue un logro extraordinario, que desde el exterior se observó con asombro. Nuestra experiencia fue propia y singular.

Una de las particularidades del notable éxito chileno fue el potente estímulo al ahorro y a la inversión privada en todas sus dimensiones (grande, mediana y pequeña). Piedra angular de este incentivo fue el fortalecimiento de la garantía de la propiedad, que estimuló el ahorro y la inversión, porque toda persona ahorra para sí misma y su familia, e invierte en lo propio mucho más que en lo ajeno. Esto es obvio en la realidad y las encuestas de opinión así lo reflejan.

Actualmente, si una persona es expropiada, la Constitución le asegura que será indemnizada del daño patrimonial efectivamente causado. Esto implica que obtendrá —al menos— el valor económico que le permitirá adquirir en el mercado un bien equivalente al perdido, y que el valor que provisionalmente se le pagará —antes de perder la posesión material— será determinado por peritos independientes. Además, si el expropiado cree que el monto del daño es de monto todavía superior, podrá reclamarlo a los tribunales de justicia.

El proyecto de la Convención, omitiendo la garantía pericial objetiva previa y empleando el difuso concepto de “precio justo”, debilita la garantía lograda por nuestro desarrollo constitucional. Distintos sectores contribuyeron a nuestro avance, entre ellos, destacados juristas democratacristianos y radicales. No se advierte razón objetiva que justifique retroceder en un cimiento esencial en la seguridad y el progreso de todas las personas. En la experiencia comparada debe buscarse lo que es mejor, no lo que es peor.

Víctor Pérez Varela
Abogado, profesor Universidad San Sebastián