Señor Director:

En su carta de ayer, el consejero de Defensa del Estado don Raúl Letelier yerra al refutar mi análisis respecto de la legalidad del copago cero universal de Fonasa. Nadie discute que el Minsal tiene la facultad para hacerlo. Sin embargo, como cualquier medida que involucre mayor gasto público, debe existir presupuesto.

Esta discusión no es sobre las facultades, sino sobre la legalidad del gasto público. Y es, precisamente, en este último punto donde el Gobierno y el consejero Letelier incurren en error.

Es propio de las democracias que los gastos públicos se aprueben por el Parlamento. De lo contrario se cae en el riesgo de que los gobiernos de turno anuncien medidas onerosas con fines electorales. Si universalizar el copago cero es bueno, ¿por qué no se incluye en la Ley de Presupuesto?

Asimismo, al no existir una participación del Poder Legislativo en el gasto público, se arriesga que otras áreas se vean desfinanciadas para cubrir los costos de las políticas no aprobadas por las mayorías. ¿Tendrá que ver, por ejemplo, que la falta de cobertura para los trasplantes hepáticos, la no dictación de los decretos GES/AUGE, la no ejecución del presupuesto aprobado para resolver listas de espera quirúrgica o el retraso respecto del refuerzo de la vacuna covid tengan que ver con este gasto no contemplado en la Ley de Presupuesto?

Finalmente, llama la atención que se involucre al CDE en esta discusión, máxime si en el futuro pueda ser sometido a su análisis la legalidad de esta medida. El CDE, institución prestigiosa, tiene como fin la defensa de los intereses del Estado, no del Gobierno o de una opción electoral.

Jaime Mañalich