El Gobierno, después de dos meses de silencio y sin razones convincentes, ha declinado patrocinar la candidatura del jurista y profesor Claudio Grossman, renunciando al derecho de proponerlo como juez de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Es este el tribunal más importante del mundo, con jurisdicción para resolver los litigios entre países y dictaminar consultas que le someta Naciones Unidas. Chile, suscriptor del Pacto de Bogotá, está sometido y ha concurrido a esa jurisdicción por disputas de nuestra soberanía, demandado por Bolivia y Perú, manteniéndose pendiente la sentencia por el caso del Silala.

Hay razones para sostener que el Gobierno y la Cancillería omitieron la relevancia de esta Corte, valorada por cualquier conocedor de asuntos internacionales. La candidatura constituía una oportunidad tan única, por los méritos de Grossman, como inesperada, por el fallecimiento del juez brasileño Antônio Augusto Cançado Trindade, el 29 de mayo pasado. Frente a tal contingencia, la Cancillería debió haber reaccionado con liderazgo y agilidad, como corresponde a situaciones emergentes que comprometen el interés nacional, en lugar de intentar absurdamente trasladar ahora la responsabilidad al gobierno anterior. Por cierto, la práctica mencionada en el comunicado del ministerio, en cuanto a dar preferencia al candidato del país al que pertenecía un juez fallecido, no es obligatoria, tampoco ininterrumpida y se desdice por la presentación de postulantes de otras nacionalidades.

Desde luego, de haber existido voluntad de postular, se habría desalentado el surgimiento de otras candidaturas, como la del argentino Marcelo Kohen, parte del equipo de Bolivia en su demanda marítima y asesor de la Cancillería argentina en la controversia con Chile sobre plataforma continental.

La decisión del Gobierno desconoce y renuncia al interés nacional de contar con un chileno entre los 15 miembros del tribunal, menospreciando la capacidad de nuestra diplomacia para patrocinar y negociar, ágil y simultáneamente, una candidatura como esta, de la mayor relevancia para Chile , y el interés por integrar el Consejo de DD.HH. de la ONU, del que ya hemos sido parte en repetidas y recientes oportunidades (2008-2011, 2011-2014, 2017-2020), de difícil comparación con los 70 años transcurridos desde la única vez que un nacional, el jurista Alejandro Álvarez, integrara la Corte de La Haya.

Extremo parece aquí el ejercicio de la discrecionalidad presidencial, al haber omitido la opinión favorable a la postulación expresada por todos los excancilleres, numerosos y destacados académicos, juristas y personalidades nacionales, el Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje e instancias asesoras formales de la Cancillería.

Así, resulta contradictorio y meramente retórico el reconocimiento a las cualidades de Grossman en el mismo comunicado que declina apoyarlo. Miembro recientemente reelegido de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, exintegrante de la Comisión Interamericana de DD.HH., de destacada trayectoria internacional como académico, Chile le debe su aporte a la defensa de nuestra soberanía en las disputas con Perú y Bolivia.

Probablemente quedará registrada en la historia de nuestra política exterior esta inentendible renuncia y la incapacidad del Gobierno y de la Cancillería para materializar una postulación del máximo interés para el país.