A veces es el voluntarismo ideológico; en otras ocasiones, es el sofisma puro y simple.

En unos u otros casos, el Derecho formal es sobrepasado, las instituciones vuelven a ser devaluadas, la confianza en la estabilidad que se supone otorgan las normas vigentes sufre un nuevo daño.

Es lo que ha sucedido con tres situaciones que, vinculadas entre sí, hemos presenciado en los últimos días.

En primer lugar, el Presidente Boric ha dictaminado lo que debe suceder si gana el Rechazo: “Tiene que haber un nuevo proceso constituyente”, incluida una elección de nuevos convencionales, afirmó. Por supuesto, el político Boric tiene todo el derecho de proponer un camino como aquel; obviamente, el político Boric tiene también todo el derecho de manejar un efecto comunicacional como el que produjo. Pero lo grave es que el político Boric es el Presidente de la República y, en esa calidad, tiene que atenerse a lo que dispone la Constitución hoy vigente, bajo la cual fue electo y dentro de la cual se espera que ejerza sus potestades.

Quizás el alumno Boric no asimiló a fondo lo que significa el art. 7º de aquel texto, en el que se afirma que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. (Por cierto, el proyecto constitucional que el mismo Presidente firma con un entusiasmo no exento de intervencionismo conserva la sustancia de este artículo, con una pequeña modificación.)

Evidentemente, el político Boric sabe que nadie estará dispuesto en el Chile de hoy a preguntarse cómo hacer efectivo que “todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”. Y sobre esa seguridad, opera fuera de la Constitución, o más bien, contra ella.

En su ayuda, además —y vaya uno a saber si no ha sido buscando evitarle consecuencias jurídicas graves a la intervención presidencial—, un profesor de Derecho ha venido a respaldar al político Boric, afirmando que un rechazo del texto no es un rechazo del proceso, que si en el plebiscito de salida se rechaza el texto, eso no deroga el valor del proceso decidido en el plebiscito de entrada, por lo que el proceso debiera retomarse del modo que el político Boric afirmó.

La tesis del profesor ya ha sido rebatida mediante contundentes argumentos jurídicos, pero hay una dimensión que debe ser enfatizada: el absurdo.

Sí, el absurdo, porque en caso de que hubiera ganado el Rechazo en el plebiscito de entrada, ¿debiera haberse repetido el proceso ad infinitum hasta que ganase el Apruebo en esa instancia, ya que existiría la obligación de hacer una nueva Constitución? Y, de nuevo, si se presentara un segundo proyecto constitucional y en el plebiscito de salida volviese a ganar el Rechazo, ¿debiera insistirse en un tercer y sucesivos procesos, hasta una victoria de algún Apruebo, porque así lo mandaría la Constitución? Hay argumentaciones que no superan la barrera del absurdo.

Y faltaba una tercera intervención.

La Alta Comisionada y expresidenta Bachelet ha alterado las normas que regulan su actuación en política interna. Obviamente, ella no está hablando de hípica ni de astronomía cuando afirma públicamente que el proyecto constitucional es “un camino abierto para vivir mejor, para conquistar lo que tanto necesita Chile”, para referirse después a materias concretas del texto mismo.

Nada, el Derecho ya no les importa nada. Pero “sin reglas no hay convivencia posible”, nos ha recordado Luis Alejandro Silva, en su magnífico libro “Entre la Justicia y la Ley”.