Es difícil saber cuál de nuestros vecinos está más complicado: ¿Perú o Argentina? En medio de la crisis global que arrasa con la popularidad de todos los gobernantes, Pedro Castillo y Alberto Fernández enfrentan situaciones límite. En Perú, los problemas son principalmente políticos; en el caso argentino, la debacle económica tiene a los bandos de un gobierno bicéfalo enfrentados en una disputa de poder que los paraliza.

Con cuatro investigaciones en la Fiscalía, una popularidad en los suelos y sin una bancada fuerte, la debilidad de Castillo es evidente. Los recambios ministeriales son un síntoma de ello, y la salida del ministro del Interior, Mariano González, el sexto en un año, refuerza la percepción de que el Presidente no sabe, o no puede, nombrar a personas que ayuden a dar gobernabilidad. El caso de González, sin embargo, fue distinto a los anteriores (que estaban en la mira de la justicia), pues el saliente ministro acusó a Castillo de despedirlo por tomar medidas para perseguir a tres personas de su entorno que están prófugas.

Las acusaciones de obstrucción a la justicia y de encubrimiento personal requieren pruebas contundentes de la Fiscalía, pero por ahora causan revuelo al sumarse a otras tres investigaciones contra el Presidente, por supuestamente liderar una organización criminal que cobraba coimas en licitaciones de obras públicas, presunto plagio de su tesis universitaria y supuesto tráfico de influencias en ascensos en la policía y FF.AA. Su situación judicial es un obvio obstáculo para el desempeño del gobierno, a lo que se suma el comportamiento de un Congreso —y de una clase política— que da un espectáculo lamentable de incapacidad para encontrar una salida viable a la crisis.

Vacancia, adelanto de elecciones o una reforma constitucional que permita abrir un proceso penal contra el Presidente son las opciones que se barajan, pero, en una situación de desprestigio de todas las instituciones, cualquiera de ellas tendría que pasar la “prueba de la blancura” para adquirir legitimidad ante la ciudadanía.

En Argentina, las pugnas al interior del gobierno son conocidas, y se resumen en “Alberto versus Cristina”. La vicepresidenta, que antes que nada busca solucionar sus problemas judiciales, no ha tenido pudor en atacar arteramente a la Corte Suprema, en un escrito público que abrió más aristas a la crisis general.

Para el Presidente, lo primero es la economía, pero eso no se puede solucionar sin algún programa concreto. Más bien, se reacciona a los síntomas, como el alza del dólar que dejó pálidos a los saltos de la divisa en Chile. Desconcertado, el gobierno busca negociar con la oposición de centroderecha, que no está dispuesta a hacerlo con un gobierno dividido. “Que se pongan de acuerdo entre ellos, presenten un plan, dejen de emitir moneda y bajen el gasto”, exigen para cualquier diálogo, y que este sea en el Congreso.

Mirar hacia afuera a veces aclara el panorama interno y enciende alarmas de hasta dónde se puede llegar con populismo y políticos que solo persiguen intereses particulares.