Desde fines de 2021 —cuando el gigante inmobiliario Evergrande dejó de pagar parte de su deuda—, los desarrollos de ese sector en China, de gravitante peso dentro de su economía, han tomado especial relevancia. A su vez, el gobierno —consciente de la acumulación de desequilibrios en esta industria y de un alto endeudamiento de las empresas, resultado de largos años de políticas expansivas— inició un esfuerzo por contraer su actividad y limitar su nivel de deuda.

Las consecuencias han empezado a sentirse con fuerza en las últimas semanas, con una masiva ola de impagos de créditos hipotecarios provocada por personas que protestan por el retraso en la entrega de proyectos que las familias compraron en verde. Cabe recordar que, para facilitar el acceso a la vivienda propia, China inició en la década de 1990 una política de fomento de créditos hipotecarios que financiaran el pie desde la compra en verde, de manera de eliminar programas de arrendamiento de viviendas públicas, las que eran muy mal evaluadas. Ello ha hecho que existan millones de personas endeudadas con hipotecarios, que a su vez han sido usados para el financiamiento de los desarrollos inmobiliarios.

El retraso en la construcción y entrega de estos proyectos ha generado una ola masiva de incumplimientos en las obligaciones de pago; de tal magnitud que, de profundizarse, podrían implicar pérdidas muy significativas para las entidades financieras. La exposición de los bancos chinos a este tipo de proyectos es algo menor al 7% del PIB. Por ello, el gobierno ha impulsado a estos y a los gobiernos locales a acudir en auxilio de las inmobiliarias para que puedan terminar sus obras.

Sin embargo, varios gobiernos locales se han mostrado reticentes a proveer recursos a las inmobiliarias, no solo por falta de fondos, sino por las dudas respecto de la rentabilidad de los proyectos. A su vez, los bancos —especialmente los provinciales— ya tienen problemas por su alta exposición a este sector y se resisten a aumentarla. Estas dificultades se han manifestado emblemáticamente en el caso de cuatro bancos rurales en la provincia de Henan, que, a consecuencia de fraudes —algunos ligados justamente a exposiciones inmobiliarias—, han limitado el acceso de los depositantes a sus fondos. Ello ha generado importantes protestas, y un rescate parcial por parte del gobierno de esos depositantes.

El sector inmobiliario en China ha tenido un desarrollo muy significativo en las últimas décadas, empujado en parte por gobiernos sedientos de lograr altos objetivos de crecimiento. Ello ha provocado importantes bolsones de sobreendeudamiento que son difíciles de revertir sin costos económicos o sociales como los que se están observando. Esta situación representa una preocupante fuente de riesgos para esa economía y para el resto del mundo, incluido, por cierto, Chile.