El aumento en la complejidad y peligrosidad del crimen organizado es una preocupación mundial. Los países deben enfrentar un nuevo tipo de criminalidad, que incluye el narcotráfico, la venta y tráfico de armas, el lavado de dinero, el fraude y la corrupción a gran escala, el tráfico y la trata de personas, la explotación sexual comercial y cibercrímenes de una amplia gama.

La realidad antes descrita no puede ser entendida como un problema unidimensional, sino que debe ser tratada desde distintos espacios, de forma integral y coordinada.

A poco tiempo de asumir nuestro mandato, el Gobierno tomó la decisión de convocar al Consejo Nacional de Seguridad, instancia liderada por el Ministerio del Interior y conformado por todas las instituciones del Estado cuyos mandatos contribuyen a prevenir y perseguir las distintas formas de criminalidad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y dos de sus servicios dependientes, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores, forman parte de este Consejo, desde el cual estamos priorizando una serie de medidas.

En primer lugar, firmamos un convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile, y el Ministerio Público, para coordinar de manera eficiente el trabajo entre estas instituciones con el fin de desbaratar bandas de crimen organizado que operan desde el interior de recintos penitenciarios, perseguir casos de corrupción y, de paso, prevenir nuevos hechos delictivos.

Una segunda medida consiste en la implementación de un plan periódico de registro e incautación de material prohibido al interior de los recintos penitenciarios, para así aumentar la seguridad tanto de la población penal como de las personas profesionales y funcionarias de Gendarmería y, de paso, impedir que las cárceles sean utilizadas como espacios de consolidación de organizaciones criminales que controlan con facilidad territorios en el exterior. Los operativos realizados a lo largo del país durante el primer semestre de 2022 ya nos han permitido incautar más de 23 kilos de drogas, 16 mil armas blancas, ocho mil teléfonos, y otros dispositivos que posibilitan la comunicación entre reclusos y el exterior facilitando la mantención de redes delictivas. Todo lo anterior ha sido entregado al Ministerio Público para ser analizado y contribuir con las investigaciones que correspondan.

La tercera acción consiste en la creación, durante el mes de mayo, de una subcomisión de trabajo al alero de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, con el objeto de mejorar la persecución penal de los delitos de crimen organizado, para lo cual las instituciones que forman parte de esta instancia realizaron un levantamiento de nudos críticos del sistema en su conjunto en materia de delitos que forman parte de la criminalidad organizada existente. La importancia de esta subcomisión es que involucra a todos los actores del sistema de justicia penal y propicia el trabajo coordinado, con el objeto de superar las dificultades prácticas de los operadores del sistema de justicia.

Finalmente, estamos colaborando con todas las entidades responsables para trabajar coordinadamente en el intercambio de información entre las instituciones penitenciarias de otros países de la región. El combate contra el crimen organizado requiere poder acceder a los antecedentes penales de personas extranjeras que cometen delitos y así poder clasificarlos adecuadamente dentro de la población penal.

Seguiremos trabajando en fortalecer las instituciones desde una mirada integral y con perspectiva territorial, creando políticas públicas de seguridad basadas en evidencia, que respondan a las necesidades y problemas concretos de las distintas realidades de todas las regiones del país, y no solo enfocados en lo que sucede en Santiago.

Para el gobierno del Presidente Boric la seguridad es una prioridad, y el crimen organizado se enfrenta de manera directa, eficiente, utilizando nuevas estrategias y con todas las herramientas legales que tenemos a disposición. De nada sirve enfrentar fenómenos globales complejos con fórmulas repetidas que no han dado resultados, fundamentalmente asociadas a aumentar penas para delitos puntuales. Estamos convencidos de que la política penitenciaria es parte integral de las políticas de seguridad, especialmente aquellas destinadas a prevenir y combatir el crimen organizado.

Estamos comprometidos en trabajar para garantizar a los chilenos y chilenas una vida segura y libre de violencia.

Marcela Ríos Tobar
Ministra de Justicia y Derechos Humanos