La decisión del legendario banco inglés HSBS de instalar un comité del Partido Comunista en su filial en China ha generado controversia, y pone de manifiesto la tensión que las empresas occidentales enfrentarán en un mundo menos globalizado y tensionado por el rol del Estado.

El Comité del Partido es obligatorio en empresas chinas, pero no lo es en empresas extranjeras. Su rol es triple: (i) cumplen el rol formal de sindicatos —organizando a los trabajadores frente a la administración—, (ii) designan un representante ante el directorio o la alta administración, y (iii) en algunos casos velan por el cumplimiento dentro de las empresas de normas dictadas por el gobierno. Como si las reglas no fuesen suficientes, una célula del partido debe estar presente para asegurar que la recta doctrina predomine.

Las tensiones entre China y Estados Unidos han ido creciendo, aun cuando la llamada “guerra comercial” haya desaparecido de las primeras páginas de los diarios. Y ello empuja silenciosamente a una especie de separación en las órbitas económicas. En el ámbito tecnológico ello es más evidente, pero también lo es en el mundo financiero, donde las disputas sobre transparencia en la entrega de información y sobre acceso a los datos han llevado a que sean cada vez más las corporaciones presionadas por estar en uno u otro lado.

El cumplimiento de ciertas exigencias de un país puede llevar al ostracismo en el otro. Por ejemplo, los compromisos de sostenibilidad ambiental y social en Occidente han generado crecientes dificultades en empresas que producen en China y que, hasta ahora, navegan haciendo vista gorda a varios de sus criterios en esas materias.

Uno de los principales accionistas del banco propuso hace pocos meses partir la organización en dos. Posiblemente, uno de sus objetivos era evitar este tipo de controversias: se pueden cumplir las exigencias occidentales con una empresa basada en Londres, y al mismo tiempo mantener otra empresa en China para cultivar la necesaria amistad con el partido que permita crecer.

Este debate puede parecernos lejano, pero está mucho más cerca de lo que pensamos. No solo las exigencias regulatorias pueden exigir una elección de dónde producir y qué mercados servir, sino también —y quizá más importante— son cada vez mayores las presiones de los gobiernos para actuar más allá de las reglas, y exigir a las empresas un comportamiento funcional a sus objetivos políticos o diplomáticos. Cruzada esa barrera, la decisión de las empresas se torna muy difícil, y el poder de la burocracia estatal, casi incontestable.