Como tantas naciones americanas que configuraron su institucionalidad al alero de los principios democráticos y jurídicos surgidos de las revoluciones estadounidense y francesa, Chile ha debido replantearse periódicamente su compromiso en la consecución de los ideales del bienestar común. Una de las mayores transformaciones de la humanidad en los últimos siglos, de la mano de la Revolución Industrial y sus fatídicos efectos en el medio ambiente, ha sido el crecimiento exponencial de las ciudades, de modo que hoy la población mundial urbana supera a la rural. La habitación en grandes metrópolis ha sido siempre un problema complejo; a las oportunidades de interacción cultural y desarrollo económico se contrapone la dificultad de dotar la infraestructura necesaria para sostener una vida sana y armónica en aglomeraciones humanas densas. Benjamín Vicuña Mackenna, ciudadano adelantado a su época, que conoció en persona los avances civilizatorios de la Ilustración en Estados Unidos y Europa, fue la primera autoridad que levantó la voz por las condiciones abyectas en que vivía la población en la capital, donde proliferaban los ranchos y “conventillos” de celdas en torno a un patio, un negocio rentista habitual, perpetuando el círculo de la miseria. Con la publicación de la encíclica papal Rerum Novarum en 1891, la sociedad chilena tomó conciencia de la llamada “cuestión social”, una causa que dominó el debate público y permitió promulgar la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, que señala el inicio del largo y accidentado camino del Estado chileno en la provisión de vivienda.

El siglo XX fue el de las migraciones desde las salitreras y el campo a la ciudad; también, el de las grandes reivindicaciones sociales, laborales y políticas, con la consiguiente ampliación de reconocimientos y derechos. El Estado experimentó por 50 años ininterrumpidos, como gestor principal y mediante corporaciones público-privadas, diversos programas de provisión de vivienda obrera y para la clase media, incluido diseño y edificación de conjuntos en suelo fiscal o privado bien localizado. También hubo planes de emergencia para erradicar asentamientos informales que proliferaron hacia la década de los 60. Mientras tanto, el “Derecho a la Vivienda” aparecía en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Alemania de posguerra se convertía en el primer país en consagrarlo de manera constitucional. Hoy son 80 constituciones del mundo las que aseguran la voluntad del Estado de abordar la solución del déficit de vivienda con los mejores estándares materiales, territoriales y culturales posibles. Ya es hora de que Chile asuma también este solemne compromiso. Podemos y debemos.