El cobre, llamado la viga maestra de nuestro desarrollo, el sueldo de Chile, y durante la transición, pieza clave para el logro del mayor crecimiento y desarrollo económico de nuestra historia moderna, hoy está en el debate político debido a la reforma tributaria.

La explotación de los recursos naturales no renovables está sujeta a regímenes especiales o impuestos específicos/royalties. Las mineras extraen una riqueza que pertenece a todos. El impuesto específico que se aplique al cobre debe ser tal que genere recursos fiscales a ser invertidos en el bienestar de todos, y permitir que la minería pueda seguir desarrollándose. Esto último implica que su carga tributaria le permita seguir compitiendo en los mercados internacionales, y que facilite su adaptación a los nuevos estándares mundiales en temas tales como medio ambiente y menor impacto en las comunidades afectadas en su explotación.

Durante el gobierno del Presidente Lagos, se implementó el primer royalty post regreso a la democracia. Este incluía traspasos de recursos para el desarrollo tecnológico. Posterremoto este impuesto se incrementó, incorporando una estructura creciente en función de los márgenes operacionales de las mineras. En la segunda década de este siglo, bajo la dirección de Corfo, se implementaron contratos de explotación del litio que incluyen cláusulas de pago por la extracción del mineral, con tasas crecientes según el resultado de la empresa, y con fondos destinados a investigación y desarrollo.

Así, al revisar el actual proyecto de royalty se continúa con esta línea. El actual proyecto será el primero aplicado sin cláusulas de invariabilidad tributaria, las que —en las reformas anteriores— establecían que cualquier modificación al impuesto específico debe contar con la venia de las mineras.

A pesar de una visión inicial favorable, uno se puede preguntar si es adecuada esta discusión hoy, cuando tenemos una recesión ad portas. Creo que sí. Primero, a diferencia de otros sectores, el precio del cobre se encuentra en niveles altos, con lo cual la minería puede soportar hoy una mayor carga.

Por otro lado, la discusión de un cambio y aprobación al royalty dentro del marco antes expuesto permitirá reducir los niveles de incertidumbre que hoy vive la minería. La aprobación de un royalty marcaría la política respecto a minería del actual Gobierno. Reducir esta incertidumbre es importante si consideramos que la minería también está sujeta a la incertidumbre que generan las modificaciones constitucionales, a ser aceptadas o rechazadas, sin un claro alcance en su aplicación (por ejemplo, el concepto de Derecho de la Naturaleza que solo está presente en las Constituciones de Bolivia y Ecuador). La incertidumbre es un factor detrás de una menor inversión dado los altos precios.

El proyecto de ley incluye un incremento en la recaudación que, según ha planteado el ministro de Hacienda, debe dejar a Chile con una carga tributaria dentro del rango de nuestros competidores directos, principalmente Perú y Australia. Este compromiso permite que nuestra minería siga competitiva a nivel mundial.

El proyecto, como se recomienda a nivel internacional, presenta una estructura mixta que incluye un impuesto a las ventas, que permite un piso de recaudación, y uno en función de los resultados de las empresas. El cómputo de estos resultados excluye la depreciación, lo que es una innovación que favorece el objetivo del segundo componente del impuesto. Esta busca que la repartición de las rentas sea mayor cuando los márgenes de las empresas sean mayores, pero que no fuerce un cierre ineficiente de faenas cuando el precio sea bajo. La depreciación no es un costo especialmente relevante al momento de decidir el cierre de una faena, pues este corresponde a un costo hundido.

Sin perjuicio de lo señalado, el proyecto tiene aspectos a mejorar. El componente del royalty determinado por las ventas de la empresa es muy alto, lo que puede inducir cierres de faenas no deseados. Además, este componente se eleva en forma importante (al doble), en un nivel de producción dado, sin una clara justificación, pudiendo resultar arbitrario y poco eficiente, en particular pues existen faenas de gran tamaño, pero con altos costos, dada su ley del mineral. Además, en el segundo componente, la progresividad del impuesto que se aplica sobre el margen operacional es creciente con el precio del cobre. Esta progresividad debe ser en función del solo margen operacional, para así evitar cierres indeseados, tal como señala anteriormente. Por último, la repartición de la recaudación parece muy sesgada hacia las comunas donde están las faenas, lo que afectaría el financiamiento de otras políticas públicas.

Considerando lo expuesto, existiendo apertura a modificaciones de diseño y con el compromiso del ministro de mantener nuestra carga tributaria dentro de los márgenes de nuestros competidores, podremos alcanzar un impuesto específico que recaude más y permita el desarrollo futuro de la minería, reduciendo la incertidumbre que vive el sector.