El crecimiento de economías pequeñas alejadas de los grandes centros depende fundamentalmente de las posibilidades de atraer inversiones extranjeras. Para ello, una regulación sólida y estable es esencial.

En el caso de Chile, los históricos esfuerzos en esta línea se plasmaron en una legislación que ofrecía certezas. Sin embargo, la derogación del DL 600 (efectiva a partir del 1 de enero del 2016) significó, en los hechos, un cambio en la tendencia de atracción de inversión extranjera directa (IED). Según cifras del Banco Mundial, mientras en 2015 la IED (flujo neto) alcanzó el 8,6% del PIB, en 2016 se redujo a un 4,9% y en 2017, a un 2,2%. Desde entonces, la tendencia no se ha revertido. Y si bien en 2021 aumentó por operaciones puntuales, las cifras de 2022 indican una reducción en torno a un 11% en doce meses. A su vez, fenómenos como el de un Estado que no ha logrado controlar tres años de violencia ni contener el avance del crimen organizado, un deficiente proyecto constitucional y la llegada de un gobierno cuyas autoridades han cuestionado nuestros acuerdos comerciales y que impulsa reformas que agregan incertidumbre, multiplican las dificultades para reposicionar a Chile como un país en donde los inversionistas puedan invertir con una perspectiva de largo plazo. Ello, además de generar vacilaciones y dudas en compañías que realizaron tal apuesta en el pasado.

En este contexto, los esfuerzos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por ofrecer una visión optimista en su reciente visita a Nueva York, en el marco del Chile Day, apuntaron en la dirección correcta. Sus respuestas técnicas a las preguntas de los asistentes buscaron calmar las preocupaciones de los inversionistas internacionales ante los cambios regulatorios en sectores como la minería y la previsión. Sin embargo, para recuperar la capacidad de atraer inversión extranjera de largo plazo probablemente no bastarán ni la ratificación de la vocación minera de nuestro país ni la reconocida comprensión del ministro del desafío previsional y de las limitaciones de los modelos de reparto.

En este sentido, algunas de las posiciones que emergen dentro de la administración del Presidente Boric no ayudan a compensar el daño reputacional que ha sufrido el país en los últimos años. Claro ejemplo son los cuestionamientos respecto de la importancia de los tratados de libre comercio que nacen en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, ilustrados por la discusión respecto de la modernización del acuerdo con la Unión Europea y por la incomprensible no ratificación del TPP11. Algo similar ocurre en otros ministerios sectoriales, en donde asesores técnicos y políticos impulsan posiciones radicales en temas como salud y pensiones, buscando, sin más justificación que la ceguera ideológica, desplazar a los proveedores privados —muchos de ellos, extranjeros— por el Estado.

La experiencia comparada muestra que tales ofensivas no son gratuitas. Y que así como suelen derivar en una peor calidad de los servicios sociales, también activan los mecanismos legales para aquellos inversionistas que se ven arbitrariamente afectados por el apetito ideológico de los gobiernos. El caso más reciente es el del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra del Estado boliviano. En 2009, la administración de Evo Morales decidió nacionalizar el sistema de pensiones, lo que motivó demandas internacionales. En ese marco, el pasado 16 de julio el Ciadi determinó el pago de una indemnización de US$ 105 millones al BBVA por la forma en que se llevó a cabo el proceso. El caso ilustra cómo errores de política no solo afectan las arcas fiscales, sino la reputación de un país. Chile debe tomar nota, en particular aquellos sectores radicalizados que pretenderían replicar tales ejemplos.