Señor Director:

Contar con información pública fidedigna es un requisito para la democracia. Ello no requiere solo la disponibilidad de datos estadísticos y administrativos veraces, sino que el procesamiento y comunicación de los mismos por parte de las autoridades mantenga criterios de rigurosidad alineados al objetivo de mejorar la discusión pública. No basta tener datos, hay que mostrarlos bien.

Como se ha consignado en este diario, el Ministerio de Educación incurrió en un error grave al comunicar a la ciudadanía, en un reporte oficial, que el 38% de los beneficiarios del Crédito con Aval del Estado dispondría de ingresos inferiores a $250 mil mensuales, y que, en promedio, dicho grupo de personas contaría con $48 mil mensuales de ingreso. Ni datos del INE, ni la Casen, ni análisis de la misma cartera en otros momentos han reportado algo siquiera cercano a esto. La inverosimilitud de esta conclusión es total: se sigue que casi un 40% de los beneficiarios del CAE viviría con ingresos inferiores a un tercio de la línea de la pobreza extrema. El error deriva de la decisión de imputar a personas que no reportan ingresos, un ingreso igual a cero, según reconoció posteriormente la autoridad. Esto es un supuesto incorrecto para efectos del informe que comentamos: hay ingresos informales y otros derivados de sus hogares que debieron considerarse, entre otras variables.

Es exigible a la autoridad un estándar mayor que este. Afortunadamente la reacción de la sociedad civil permitió desmentir las conclusiones que incorrectamente se quieren derivar: que la condonación universal de las deudas del CAE es la única solución posible al financiamiento a la educación superior y que dicha política fue un perjuicio para el país. El ministro está claramente convencido, pero para persuadir al Parlamento y a la ciudadanía, estos no son los medios.

Daniel Rodríguez
Director ejecutivo de Acción Educar