El próximo plebiscito ha colocado nuevamente en el debate el comportamiento que las autoridades de los distintos niveles de gobierno deben tener en las campañas electorales. Un reciente dictamen de Contraloría que definió que cuatro municipios actuaron fuera de sus competencias al realizar actividades de difusión en torno al plebiscito ha hecho aún más relevante esta discusión. Las disposiciones vigentes en Chile concentran en algunas reparticiones públicas específicas la tarea de divulgar información respecto de todo acto eleccionario. La razón es relativamente obvia. No es fácil distinguir entre un interés electoral específico y una genuina y necesaria difusión de información. Los alcaldes afectados por la resolución han presentado recursos de reposición, pero sus fundamentos son extraordinariamente débiles, argumentando que la información no llega a los territorios de manera equitativa. No han ofrecido ningún indicador efectivo para demostrar tal afirmación.

Por supuesto, los ediles tienen todo el derecho a sumarse, fuera de sus horarios de oficina, a las campañas de su preferencia. Sin embargo, no corresponde que usen recursos municipales, cuyos destinos están claramente definidos en la legislación, para otro propósito. Paradójicamente, algunos alcaldes han reclamado por este dictamen desde una de las sedes de una de las alternativas que se votarán el próximo 4 de septiembre. Es difícil encontrar una validación más oportuna del pronunciamiento de la Contraloría y de las razones que explican disposiciones de esta naturaleza. Por cierto, no son solo los alcaldes incluidos en el llamado del organismo contralor los que han adelantado su intención de “informar” respecto del próximo plebiscito. Algunos han sido más discretos al decir que harían uso de días administrativos o de vacaciones para participar en actividades de campaña. En estos casos es evidente que se separan claramente las actividades edilicias de las que intentan desarrollar como ciudadanos y personajes públicos. Esta distinción es la que tiene que estar siempre presente, con nitidez. Si no lo está, es imposible separar el uso de la función pública de un activismo particular. Por eso, está muy bien que se recuerde cuáles son las tareas de los municipios y cuáles no.

Si ello no ocurre, se incumple el carácter republicano que debe tener la gestión pública. Esta debe estar siempre al servicio de todos los ciudadanos y, por tanto, en esta dimensión debe ser igualmente representativa de todos ellos. Esto no significa que se deban esconder las respectivas opiniones, pero deben expresarse fuera del ámbito de la función pública. Estas exigencias son especialmente relevantes para las autoridades elegidas democráticamente, pero también deben extenderse a sus funcionarios de confianza, toda vez que tienen una capacidad de influir en ellos. En estas materias se ha ido instalando una doctrina muy clara en Chile, en la que la Contraloría ha cumplido un papel relevante. No parece sano intentar separarse de ella. Sin embargo, la tentación se manifiesta reiteradamente, muchas veces esgrimiendo argumentos de tono moralizante, es decir, acudiendo a una cierta autoridad que es independiente de las reglas que las instituciones de la república han definido para el comportamiento de quienes desempeñan altos cargos de elección popular y para los funcionarios públicos.

En el último tiempo, la campaña informativa del Gobierno —ámbito donde ciertamente tiene un papel que cumplir, de acuerdo con las normas vigentes— ha ido entrelazándose con una de las opciones del plebiscito. Por cierto, es un asunto que siempre estará sujeto a interpretaciones, pero hay una delgada línea que la Contraloría debe supervisar para darle credibilidad a su acción en estos ámbitos. No es una tarea fácil, sobre todo en un contexto como el actual, donde la polarización parece estar creciendo, pero es de suma importancia que se mantenga vigilante, a la luz de los diversos episodios que comienzan a suceder en distintos lugares.