Hizo noticia la decisión de Isapre Colmena de demandar a miles de sus afiliados que están pidiendo, por vía de protección, que se dejen sin efecto aumentos de sus planes de salud. La Superintendencia de Salud envió un oficio a la isapre pidiéndole informar sobre los demandados actuales y futuros, los argumentos que fundamentan las acciones judiciales y la estimación de costos.

Sin duda esto es impresentable: una institución no puede demandar a sus propios afiliados solo porque estos están recurriendo contra las alzas de precios de sus planes. No sabemos qué tipo de demanda será, si civil, penal o infraccional, y cuál es la petición que se hace al demandado. Se dice que en los recursos de protección solo se discuten temas de forma, y no se va al fondo, pero esta no es una razón suficiente.

Este problema debe ser solucionado por las Cortes de Apelaciones y Suprema. Al dictarse la Ley Nº 21.350, de 14 de junio de 2021, se estableció un procedimiento para que la Superintendencia ajustara anualmente el monto máximo del alza de los planes de salud gestionados por las isapres. En aplicación de esta regulación, el Superintendente fijó, por resolución de 2 de marzo de 2022, en un 7,6% máximo para que las isapres reajusten anualmente los precios base de los planes de salud.

Lo que tanto han pedido los presidentes de la Corte Suprema en sus discursos de inauguración del año judicial, que se legislara al respecto, ya se produjo, y el Congreso determinó cómo debían adecuarse los costos de los planes de salud de las isapres. Por ello todos los recursos de protección que se presenten si se observa que el plan de salud de la respectiva isapre se ha ajustado a la tabla de factores y al alza máxima permitida, debieran ser declarados inadmisibles porque el actuar de la isapre no es ni ilegal ni arbitrario.

No obstante, algunas Cortes de Apelaciones, con el argumento de que el alza no está suficientemente justificada y que el 7,6% sería un máximo, han continuado acogiendo los recursos de protección. Lo que es más insólito: la misma Superintendencia, que fue la encargada de fijar los parámetros, rechazó las alegaciones, ya que señaló que si bien está permitido, no es obligatorio alzar los planes en el máximo y que debieran ser justificados caso por caso.

Frente a ello, la tercera sala de la Corte Suprema ordenó escuchar alegatos para dos recursos de protección, uno acogido y otro rechazado. Seis abogados hicieron alegatos por las isapres ante los ministros titulares de la sala, que preside Sergio Muñoz. Si por tanto tiempo se ha pedido que los tribunales sean liberados de esta labor de fijar los precios de los planes, parece necesario que la Corte Suprema, ahora que el legislador ha establecido un procedimiento objetivo y no discriminatorio, comience a rechazar estos recursos.

Porque el activismo judicial, es decir, que los jueces se arroguen facultades legislativas, es un peligro para el diseño de políticas públicas estables y para la igualdad ante la ley, sin contar con que, en esta industria del litigio, hay un pingüe negocio para los abogados que perciben las costas que les conceden las sentencias con cargo a las isapres, y que además estas no pueden descontar como gastos.

Colmena ha informado que ha suspendido la notificación de las demandas a sus afiliados. Pero lo que debe hacer es retirar estas demandas, porque nada puede justificar este proceder, ni siquiera por tratar de frenar alzas de planes.

Debemos confiar en que la tercera sala de la Corte Suprema determinará un criterio para declarar inadmisibles o rechazar estos recursos de protección contra adecuaciones de costos de planes de isapres, si estos se someten a las reglas legales.

Llevamos décadas en que las Cortes están congestionadas con miles y miles de recursos de protección contra isapres, que las distraen de su misión y que además terminan siendo costeados por los que no recurren. Si se sigue así, las isapres colapsarán y dejarán sin prestaciones de salud a sus afiliados, los que deberán emigrar a Fonasa, que, como sabemos, se trata de un sistema estatal deficiente, y lo será más aún si debe atender a más de tres millones de pacientes adicionales.