El Congreso despachó el proyecto que estabiliza las cuentas de la electricidad. La ley de 2019 que había congelado las tarifas está próxima a dejar de operar, al terminarse los recursos que le fueron asignados —un préstamo forzoso de US$ 1.350 millones, a tasa de interés cero, por parte de las empresas de generación—. Frente a ello, el Gobierno se comprometió a intentar evitar alzas este año, por lo que impulsó el nuevo proyecto, que les impone a las empresas aceptar otra deuda, aunque esta vez sí considera una tasa de interés.

Con la iniciativa despachada, el 40% más vulnerable no verá elevarse sus cuentas ni siquiera por el IPC, gracias un pequeño subsidio que entregará el Estado. Durante este año, el resto de los usuarios experimentará alzas en las tarifas, las que irán desde el IPC hasta el IPC más otros factores adicionales, pero que aun así son mucho menores que las que corresponderían conforme a los contratos de las generadoras. A partir de 2023, todos los grupos de consumo deberán pagar mayores precios, aunque en diferenciadamente, de modo que los únicos que inicialmente pagarán el valor real serán los de más alto consumo. Además, los medianos y grandes consumidores tendrán que pagar un monto adicional para ayudar a cubrir la deuda acumulada. Así, el préstamo forzoso de las generadoras les será devuelto a estas con la suma de esos montos adicionales, más el ingreso que recibirán cuando el valor de los contratos de suministro comience a bajar pero las tarifas se mantengan.

El complejo mecanismo descrito significa, en los hechos, que los procesos que han distorsionado gravemente al sector eléctrico continuarán en el futuro. Sabido es que el Congreso tiende a ser incapaz de oponerse a propuestas que representen un subsidio para sus votantes, por negativos que puedan terminar siendo sus efectos. Pero, por lo mismo, es responsabilidad del Ejecutivo poner freno a esa tentación, que tiende a estructurar procedimientos cada vez más complejos para tratar de resolver el desajuste entre precios de servicios constantes y costos que aumentan. Es razonable que las personas más vulnerables no deban sufrir violentas alzas de tarifas, pero ello no puede significar mantener estas congeladas en el tiempo. El Gobierno debería permitir que el costo efectivo de la electricidad se refleje en los precios para todos los usuarios, si bien acompañándolo de un subsidio limitado y a costo fiscal, que opere solo para los más vulnerables.

Hoy, los productores pequeños y medianos de esas energías están acumulando creciente deuda, lo que les hace difícil o en algunos casos hasta imposible cumplir sus compromisos financieros. La razón es que no reciben los ingresos que les corresponderían según los contratos que los impulsaron a invertir. Además —según reclaman—, la ley no les permitirá cubrir la totalidad del préstamo que se han visto obligados a hacer, porque los supuestos de precio del dólar y de los combustibles que se consideran son erróneos. En definitiva, concluyen que la falta de estabilidad regulatoria desincentiva la inversión y podría poner en riesgo la transición energética de Chile.

Ese es precisamente el alcance más paradójico de la situación: un gobierno cuya base de apoyo es ambientalista y que proclama su compromiso con la ecología no solo ha aumentado a US$ 3 mil millones los recursos del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles para suavizar su alza, sino que castiga al sector eléctrico y particularmente al de las energías renovables. Mirado objetivamente, se trata de una combinación de políticas favorable a la emisión de gases de efecto invernadero. Así, una administración que evita señalarle con claridad a la ciudadanía que la lucha contra el cambio climático significa asumir costos termina impulsando medidas que traicionan sus objetivos ambientalistas.

A fines del año pasado, el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés advertía respecto de la situación que ya había empezado a generarse en el gobierno anterior, indicando que las distorsiones acumuladas en los precios del transporte público, los combustibles y los servicios se harían cada vez más difíciles de desmontar. Tal es la situación que hoy parece constatarse y producto de la cual los costos para el aparato productivo seguirán aumentando.