Nuestro sistema político está en crisis. Fragmentación, falta de incentivos para construir acuerdos, desarticulación y debilidad de los partidos políticos y falta de consideración en etapas tempranas del proceso legislativo de la ciencia, la evidencia, el conocimiento y el sentido común ciudadano, han llevado a que la sala de máquinas del sistema institucional opere en forma errática e intermitente. Y para mejorarla, la propuesta de nueva Constitución recurre a un experimento casi único en el mundo: un bicameralismo asimétrico combinado con un régimen presidencial atenuado. En simple, reemplazar el Senado por una Cámara de las Regiones con mermadas atribuciones legislativas, y entregarles a los parlamentarios potestades para presentar proyectos de ley que impliquen gasto público. A este experimento se le suma un sistema electoral guiado por los principios de igualdad sustantiva y paridad de resultado, escaños reservados para pueblos indígenas, sufragio a las personas de 16 a 18 años y la reinstalación de la reelección del Presidente de la República.

Y si bien a veces es aconsejable experimentar, no lo es tanto respecto de aquello que funciona bien, puesto que ni la estructura bicameral de un Congreso con senadores elegidos por un período más largo que los diputados, ni la iniciativa exclusiva de la presidencia para presentar proyectos de ley que irroguen gasto público asomaron como problemas en el variopinto petitorio del estallido que gatilló este proceso constitucional. En el sistema político, la Convención erró el diagnóstico y, consecuentemente, las enmiendas, como hemos analizado en Pivotes. En efecto, el experimento más bien incrementa la probabilidad de que, en lugar de ofrecer una solución a la actual crisis política que vive el país, la acentúe, ya que más bien debilita la fundamental cuestión de los pesos y contrapesos que protege a las democracias frente al riesgo de captura por parte de mayorías circunstanciales, activismos o populismos.

Para mejorar el funcionamiento de la sala de máquinas se debió establecer primero un debido proceso legislativo que fijara un estándar de actuación a los legisladores en términos de calidad técnica, participación experta, ciudadana, y de organizaciones de la sociedad civil tanto en el proceso prelegislativo, legislativo como de evaluación ex post. Debido proceso que estableciera, además, la obligatoriedad del análisis de impacto regulatorio en los proyectos de ley y determinara las capacidades e instituciones autónomas necesarias en el Estado y en el Poder Legislativo para asegurar el cumplimiento de dichos estándares: Agencia de Calidad de Políticas Públicas, Biblioteca del Congreso, Oficina de Presupuesto del Congreso y Asesoría Legislativa. Segundo, un sistema electoral basado en los principios de gobernabilidad, representatividad y en la igualdad de género que garantice paridad en las postulaciones a cargos de representación popular. Y tercero, incentivos para que movimientos, etnias o grupos afines puedan organizarse y representar sus ideas dentro de la institucionalidad, para asegurar que todos los chilenos tengamos la misma representatividad.

Uno de los aspectos positivos del proceso constitucional ha sido que volvimos a interesarnos por la política, desde una participación récord en las últimas elecciones hasta la discusión permanente de esta entre los chilenos. Desarrollar un sistema político participativo que cuide a las minorías de mayorías circunstanciales es uno de los pilares fundamentales de toda Carta Magna.

Pauline Vial
Red Pivotes