Leer el borrador de la Constitución es un ejercicio cuesta arriba. Son demasiadas palabras y la disminución del número de artículos que realizó la comisión de Armonización es una ilusión. El texto quedó de una extensión similar —en especial, si consideramos las 21 páginas de transitorios—, pero con artículos más largos. Luego de unas 10 horas de lectura concentrada, uno queda con una sensación de perplejidad. Surgen demasiadas dudas que el texto no responde. No se ve, en todo caso, una casa —ni menos que sea de todos—, sino un mero anteproyecto. O quizás menos que eso: un sinnúmero de dormitorios donde es difícil visualizar una construcción con espacios comunes y pasillos. Un “lío confuso (…) absurdamente largo”, según The Economist. Se huele, eso sí, un aire de revancha, una fijación por convertir en cenizas lo construido por nuestros antepasados y por nosotros mismos.

La cantidad de temas del borrador abruma. Evaluar con algo de profundidad alguno de ellos requiere mucho tiempo.

Todos, no parece posible. Una sensación parecida surge cuando nos enfrentamos a elegir entre demasiadas alternativas —lo que se llama en psicología la paradoja de la elección— y eso que pareciera algo positivo deviene en frustración y agobio. Un reciente focus group revela un cansancio generalizado en relación con el tema constitucional, salpicado por la incertidumbre sobre el futuro y una preocupación por la seguridad y el desenvolvimiento económico.

? Puede ser que sea lo que nos merecemos. Hay que reconocerlo: hemos sido indolentes en temas esenciales.

Dejamos pasar el tiempo y no arreglamos el Estado. Algo de pintura acá y allá a la maquinaria de la autoridad, pero nada más. Una estructura anquilosada —¿no son eso los diferentes ministerios?— y deficiente en las estrategias de largo plazo. Tampoco leímos los tiempos y no fuimos capaces de inyectarle recursos de verdad a la educación —¿cuánta falta nos haría ahora haber tenido buenos cursos de educación cívica?—, ni de balancear el desarrollo de variables económicas con urgencias sociales, tales como salud, pensiones y viviendas, o con mínimos ambientales.? La insensibilidad nos sigue inundando y ya nos estamos acostumbrando —es parte del paisaje— a los overoles blancos del Instituto Nacional, a la violencia de las bandas de narcotráfico o el terrorismo de La Araucanía.

Pero ahora hay demasiado en juego. No hay espacio para la indolencia. Los dos tercios de la Convención Constituyente apostaron al todo o nada. Sabían que se les abrió una oportunidad y no trepidaron en aprovecharla. No les importó no saber hacia dónde nos podía llevar este nuevo orden —aunque hubiese un riesgo cierto de vernos envueltos en esa neblina densa que campea en el desorden—, en la medida en que eso les asegurara imponer sus sesgos y obsesiones y, de pasada, darle la espalda a nuestro pasado.

Para su desgracia, su performance en estos doce meses —excéntrico y con un presupuesto de $22.000 millones— dejó una estela de imperfecciones y desenmascaró a activistas y principiantes. Para colmo, este texto tampoco mira al futuro y no encara cuatro asuntos clave: la seguridad pública y la necesidad de contar con inteligencia coordinada; el impacto de la economía digital y la recesión que se nos viene; el cambio climático y el nuevo orden mundial que deriva del ascenso de China y el declive de Occidente.

El borrador es un documento político que recoge sensibilidades postergadas, pero está lejos de convertirse en la viga maestra que sustenta nuestra sociedad. A mi juicio, no es sustentable y por eso es inútil como Constitución.

No genera sustentabilidad política. No va a ayudar a la creación de un Estado moderno, con los debidos contrapesos. El Presidente no va a poder ordenar la dispersión de partidos políticos y el desmembramiento territorial. El Congreso va a ser dominado por una sola cámara y se va a perder la prudencia natural que impone el Senado. El Poder Judicial, rebautizado como Sistemas de Justicia, se va a politizar y va a entrar al ruedo de hacer políticas públicas bajo los amplios e indeterminados conceptos contenidos en la Constitución.

No genera sustentabilidad social. La lista de legítimos derechos sociales no va a poder ser cumplida en un tiempo razonable —o nunca si no va asociada a desarrollo económico—, y eso va a generar más tensiones y protestas. La autonomía de los pueblos indígenas rompe el principio de igualdad ante la ley de un país esencialmente mestizo y se va a convertir en una caja de resentimientos y frustraciones. El federalismo encubierto va a ser ineficiente y la gotera que va a provocar el ejército de nuevos burócratas va a menguar los recursos que debieran llegar a las personas. Además, se va a crear un entramado de regulaciones y permisos territoriales que van a hacer difícil los proyectos nacionales.

No genera sustentabilidad económica. La Cámara de Diputados va a horquillar al Presidente con proyectos que implican gastos del presupuesto. El derecho de propiedad se va a precarizar por la incertidumbre sobre la indemnización ante expropiaciones, por la no inclusión de la propiedad intelectual (salvo los derechos de autor) y el cambio a autorizaciones en aguas y minería. Los sindicatos y las huelgas van a asfixiar a las medianas y pequeñas empresas y se va a alejar la flexibilidad laboral que los nuevos tiempos requieren. Las exigencias ambientales desmedidas van a coartar los nuevos proyectos industriales.

No son tiempos de tibiezas, pero tampoco de torpezas. El 18 de octubre de 2019 fue un estallido de violencia que cuesta significar, pero la marcha multitudinaria y pacífica de los días siguientes fue un mensaje claro de que requerimos un nuevo orden. Así, el rechazo al borrador no puede ser un portazo. Un “no” a secas. Se requiere un compromiso de verdad en relación con los derechos sociales, que procure construir una red efectiva para quienes se encuentren desabrigados y que incorpore soluciones efectivas y eficaces para la cuestión indígena, la paridad de género, la equidad territorial y el cuidado del medio ambiente. Se requiere un rechazo propositivo, con contenidos, calendarios y compromisos a firme, que haga que esta crisis no se convierta en decadencia.

Por nuestro Chile —el de todos y todas— y por nuestra patria.