Los trascendidos de la visita del juez Fernando Guzmán a la cárcel Santiago Uno son espeluznantes. “Al ingresar los imputados al módulo no se les asigna un dormitorio, el que deben encontrar por su cuenta, no obstante la situación de hacinamiento. No existe agua caliente. Cada cama debía ser compartida por tres o cuatro imputados”. Las dependencias están destinadas a personas que no registran condenas anteriores. Pero como Gendarmería no sabe si este es el caso tratándose de extranjeros —pues, aunque parezca increíble, no existen acuerdos internacionales para obtener esta información—, más de la mitad de los internos puede tener un largo prontuario de condenas. Aunque hay cámaras de seguridad, estas no cubren los dormitorios y el sector de duchas. La sobrepoblación impide cualquier control medianamente eficaz. “Solo a modo de ejemplo, en el módulo 33 el funcionario (...) señaló tener capacidad para 84 imputados y que en dicho momento se encontraban 226 personas privadas de libertad”. En el módulo 34 había 196 presos, en circunstancias que tiene capacidad para 84. “Se observa escaso personal para controlar el comportamiento de los internos, especialmente durante las noches”.

En este contexto, al que se suma la carencia de tecnología para inhibir señal para teléfonos móviles, no sorprende “la gran cantidad de teléfonos y droga que son arrojados al establecimiento desde el exterior por terceros”. También se constataron las extorsiones que realizan los presos más avezados a los imputados primerizos, como es el caso de una persona que primero fue llevada a una celda de aislamiento con otras tres, pero luego fue trasladada al módulo 88, lugar en que indica haber sido nuevamente amenazada. “Lo empujaron hasta el fondo del recinto, procediendo a sacarle sus ropas (lo dejaron en calzoncillos y toalla) para fotografiarlo, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares para enviarles, vía WhatsApp, audios y fotos, y pedirles dinero a cambio de no agredirlo. Empezaron pidiendo entre 30 mil y 50 mil pesos al día”.

Al mismo tiempo, es patente el avance de las organizaciones criminales que, como señaló a “El Mercurio” el subsecretario del Interior, “son más grandes, más poderosas, más peligrosas, usan más armas y tienen control de más territorios en el país”. Estos fenómenos dan cuenta de que la criminalidad ha crecido, se ha sofisticado y presenta niveles crecientes de violencia y compromiso delictivo.

Ante todo esto, es legítimo preguntarse si las instituciones del sistema de prevención y persecución del delito, y también el sistema penitenciario, están en condiciones de adaptarse a estas formas de criminalidad. Pese a su relevancia, sin embargo, esta pregunta oscurece el verdadero mensaje tras las palabras del magistrado Guzmán y del subsecretario del Interior. Pues el verdadero problema en Chile es la incapacidad de esas instituciones —reflejo de una incapacidad más general del Estado— para cumplir con lo más elemental de sus respectivas funciones: la Fiscalía y las policías, para investigar y llevar a juicio causas con imputado desconocido; Gendarmería, para garantizar siquiera mínimamente la seguridad personal de los reclusos. Este no es un problema de textos constitucionales ni proclamaciones de derechos. Tampoco es asunto de carreras funcionarias, ni en estos momentos depende de la existencia de tribunales especializados en la ejecución de las penas o de fiscales expertos en crimen organizado. Por ahora, solo se necesita que Gendarmería, las policías y la Fiscalía cumplan siquiera con la parte más elemental de su trabajo.