Señor Director:

Hoy se cumplen diez años desde la promulgación de la Ley Antidiscriminación, normativa que vio la luz tras la conmoción nacional que produjo el crimen de odio por orientación sexual que terminó con la vida de Daniel Zamudio Vera. Este año también se cumplen diez años desde que el Estado de Chile fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por privar del cuidado personal de sus hijas a una madre por ser lesbiana. La norma que inicialmente buscaba desincentivar la discriminación y hacer más gravosas las penas ha demostrado al día de hoy no lograr concretar ninguno de los dos objetivos: los crímenes violentos se suceden año a año y la agravante es casi imposible de utilizar en tribunales.

Chile necesita un compromiso transversal con la no discriminación. Esto se traduce en una serie de modificaciones a la Ley 20.609 que hoy se discute en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados. La reparación a las víctimas, incorporación de prueba indiciaria, incremento de multas y la eliminación de la actual jerarquía de derechos, son algunas de las demandas que hemos presentado y que esperamos sean acogidas por los parlamentarios. Sin embargo, todas estas modificaciones serán inútiles si no traducimos este compromiso en la creación de una institucionalidad —iniciativa exclusiva del Gobierno— que se dedique íntegramente a prevenir. Solo así podremos crear una sociedad digna que no repita los errores cometidos hace 10 años.

Isabel Amor
Directora ejecutiva Fundación Iguales