Un plan de emergencia anunció el Gobierno, específicamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para avanzar en la reducción del déficit habitacional. Este ha experimentado en los últimos años una tendencia al alza, después de un período relativamente largo de disminución, con una pequeña reversión transitoria de esa tendencia con ocasión del terremoto de 2010. Hoy la autoridad estima que el déficit superaría las 640 mil unidades habitacionales.

El plan anunciado contempla la entrega de 260 mil soluciones en cuatro años. Este número no es muy distinto del que han logrado alcanzar gobiernos anteriores por medio de los diferentes instrumentos actualmente disponibles para desarrollar la política de vivienda. Sin embargo, hay aparentemente un foco mayor en sectores más vulnerables y una optimización de la distribución por regiones y comunas, siguiendo prioridades más precisas. Es muy positivo, además, que haya metas concretas desagregadas.

Como objetivo general, este plan de emergencia tiene el de recuperar el papel del Estado en la planificación y gestión habitacional, y, entre otros objetivos específicos, contribuir a la reducción del déficit habitacional cuantitativo. Así, pareciese asumirse que, si no se logra ese objetivo general, difícilmente se reducirá el déficit. Hay, sin embargo, pocos antecedentes que permitan avalar esta mirada. También se abre la puerta para un enfoque mucho más corporativista en la gestión de las soluciones habitacionales, involucrando a diversos actores y organizaciones, pero sin que estén nítidamente definidas las responsabilidades ni quede claro cómo se procesan en este contexto las demandas de las diversas familias o grupos interesados en acceder a las viviendas que ofrece el Estado. En ese mismo sentido, la idea de fortalecer el banco de suelo público, pero sin reglas precisas respecto de cómo adquirir terrenos en sectores urbanos, es riesgosa, como lo es también la propuesta de arriendos protegidos a través de una provisión mixta de soluciones habitacionales. La experiencia comparada en este ámbito está lejos de ser satisfactoria.

Ahora bien, el déficit habitacional tiene múltiples causas según el documento que sirve de base al plan, pero ellas no son analizadas; como está dicho, pareciera asumirse que obedecería a la ausencia de una gestión más activa del Estado, enfoque no fundamentado. Es curioso que no se analice el impacto que pudo haber tenido la migración en esta situación y cómo se abordará ello en el futuro. Se menciona, por otra parte, el incremento en el precio de los terrenos, pero no se discute si ha sido fruto de las diversas regulaciones que afectan la edificación y el crecimiento de las ciudades.

Finalmente, al apostar por un Estado más activo en este campo, cabría esperar una estrategia de fortalecimiento profesional para asegurar una gestión eficaz, pero esto no se visualiza en el plan.