No es por echar más pelos a la sopa, luego del artículo de Andrés Solervicens en este diario sobre la compleja situación financiera y económica de los clubes criollos, pero el fútbol nacional se empecina en buscar problemas. El grueso de los cuadros de Primera División y Ascenso posee auspicios de casas de apuestas deportivas y casinos online. Incluso el Ascenso lleva por nombre Betsson.

El problema es que, de acuerdo a la legislación, son legales los juegos de azar regidos por la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los casinos concesionados por el Estado y Teletrak. Cualquier otra manifestación está fuera de la norma. Eso no parece inquietar a los protagonistas del fútbol nacional, que establecen contratos con entidades de las que no se conocen sus dueños, sus fines, donde la mayoría tiene dirección en paraísos fiscales y, lo fundamental, nadie conoce el origen de sus capitales.

Prohibir estas prácticas o negarlas suena a despropósito. La vorágine de ofertas es tan grande y el acceso a sus plataformas tan abierto que la sensatez apunta a regular su publicidad, pero sobre todo comprimir su margen de maniobra.

Un desafío enorme y urgente, que requiere proactividad de la ANFP. Una corporación de su tamaño dispone de las herramientas jurídicas necesarias para entender que al menos uno de sus campeonatos está vendido a una empresa que funciona de manera ilegal. Lo mismo tendrán que hacer los medios de comunicación.

Los números que conocimos desnudaron las contundentes pérdidas de los clubes grandes. Colo Colo y Universidad de Chile sufrieron el estallido social y la pandemia, al verse obligados a jugar sin público o aforos reducidos. Entre el 30 y el 40 por ciento de sus ingresos dependen de la recaudación. Sin embargo, existen antecedentes que no dejan de llamar la atención. En la U, entre 2016 y 2019 se pagaron casi 500 millones de pesos en comisiones de representantes. Una tendencia que se rompió bajo la administración de José Luis Navarrete, con Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg en la dirección deportiva, donde ese ítem no llegó a los 90 millones. Además, es necesario precisar que en 2020 pelearon el descenso por el reglamento leonino que un dirigente azul aprobó en el consejo de presidentes (nadie sabe por qué), pero al finalizar la temporada remataron terceros y clasificaron a la Copa Libertadores.

En este diario el presidente de Azul Azul, Michael Clark, sostuvo que se cuidarían las inversiones y el patrimonio de la U. ¿Cómo se explica entonces que en Ignacio Tapia e Israel Poblete, dos jugadores que descendieron con Huachipato en 2021, que no registran selecciones nacionales adultas, sin campañas que catapulten a un coloso local, se invirtieran casi un millón y medio de dólares por el 50 por ciento de sus pases? Una pregunta que encuentra respuesta cuando los controladores laicos van a buscar a Martín Parra para ser suplente de Cristóbal Campos. El nuevo golero, por supuesto, viene del cuadro acerero. Una práctica recurrente, que nos toma a todos por necios y que perjudica a los jugadores. Ellos, al final, se convierten en víctimas de estos malabares, porque Parra sí posee méritos para ser suplente del golero titular.