Señor Director:

Chile debe ser un caso único en el mundo donde el Gobierno presenta una reforma tributaria, que pretende alcanzar el mayor aumento de recaudación de los últimos 50 años, a menos de dos meses de un plebiscito constitucional —que podría cambiar radicalmente nuestro sistema político y económico—; con el dólar a mil pesos, que da cuenta de una depreciación histórica de nuestra moneda; una inflación que se ubicará de seguro por sobre el 13%, y que no es más que un impuesto a la pobreza; una caída de la inversión de 4,8%, y con proyecciones de una recesión inminente para nuestra alicaída economía.

Para nuestra tranquilidad, nos notifican que más que una reforma se trataría de un completo “Pacto Fiscal”, por lo que el debate será más complejo que un simple “ajuste de tuercas” de nuestro sistema impositivo. Todo lo anterior, a dos años de haberse aprobado la última gran reforma tributaria, que demoró otros dos años en tramitarse, y con un alza adicional de la carga impositiva acordada a fines de 2021 para financiar la Pensión Garantizada Universal.

Como no está lo suficientemente claro en qué se pretende gastar los US$ 12 mil millones que proyectan recaudar en los próximos cuatro años —entre trenes y condonaciones al Crédito con Aval del Estado—, la más mínima prudencia política sugiere que el Ministerio de Hacienda suspenda la tramitación del proyecto de ley ante el Congreso Nacional —el cual todavía ni siquiera ingresa a la Cámara de Diputados— hasta que se den las condiciones mínimas que eviten seguir aumentando la incertidumbre económica en tiempos especialmente adversos y duros para millones de chilenos.

Francisco Moreno Guzmán